Cuando despertaron, el requisito lingüístico aún seguía ahí. Qué nivel de valenciano exigir para entrar a trabajar en la Administración es una de las patatas calientes con la que convive el Botànic desde la firma de su primer pacto en 2015. La Conselleria de Justicia acelera para su entrada en vigor esta legislatura. No hacerlo, expresó este martes la titular Gabriela Bravo, sería "un fracaso". Sin embargo, la última propuesta ha provocado el rechazo y enfado del sector valencianista, incluido Compromís, lo que podría acabar en un nuevo bloqueo.
El asunto está prácticamente encaminado en la comisión encargada de su desarrollo salvo en un punto: el del alto funcionariado, los del grupo A1 y A2. Es el único párrafo en el que no hay acuerdo en 20 páginas de reglamento que ha de normativizar su funcionamiento, afecta a una minoría de empleados públicos, pero es un párrafo que ha levantado una polvareda de protestas entre las organizaciones valencianistas e incluso en los socios de Compromís.
La diferencia radica en que mientras Bravo y los altos cargos del PSPV que firman el documento proponen que para el cuerpo A1 y A2 se exija un B2 salvo excepciones en las que por las características de la plaza se requiera un C1 (el mitjà), en Compromís reclaman que la exigencia para este grupo, el de mayor nivel en la Función Pública autonómica, sea directamente el C1.
Ante estas discrepancias, Bravo llamó a "dialogar todo lo necesario" para buscar un "acuerdo razonable" aunque este, señaló, "no puede pasar por exigir niveles superiores a los que el sistema educativo garantiza para toda la ciudadanía". He ahí uno de los puntos a los que se aferran en su departamento: si se quiere pedir un C1, se debe señalar una homologación similar en el decreto complementario que ha de añadir Educación, en el que se determinará qué nivel de valenciano tendrá acreditado el alumnado tras finalizar cada etapa educativa.
La petición de Bravo es que al acabar Bachillerato se acredite un C1, como ocurre en Galicia y Cataluña, donde también se pide este nivel para entrar en el grupo más alto de la administración. En estos momentos, al acabar este nivel se certifica un B2 mientras que se da un C1 si se obtiene un 7 en el examen de valenciano en la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) y se hace una prueba oral en la Junta Qualificadora, igual que en Baleares.
"No estamos de acuerdo, es público y notorio y continuaremos reinvindicándolo"
Las llamadas al pacto y la negociación serán necesarias ante la tensión generada en el sector valencianista. Entre ellos, el socio de gobierno que ha de dar su visto bueno en caso de que el reglamento llegue al Consell como pretende la conselleria. Para Compromís, exigir el mitjà (C1) al alto funcionariado es imprescindible, una línea roja en su programa político, e insisten en que de no hacerlo la Comunitat Valenciana sería la única autonomía con lengua propia que no lo pediría.
"Al profesorado se lo pedimos y de forma coherente también al personal de la cúpula de la Administración, los A1 y A2 tienen suficiente formación y los vamos a seguir pidiendo", aseguró ayer la síndica de la coalición en las Corts, Papi Robles, que remarca que es necesario preservar el derecho de la ciudadanía a ser atendida en valenciano y que este nivel es un "requisito imprescindible". "No estamos de acuerdo, es público y notorio y continuaremos reinvindicándolo", añadió Robles respecto a la posición de Bravo.
No fue la única voz desde el espectro valencianista que se alzó contra la consellera y su propuesta. Se añadieron Escola Valenciana, Intersindical y Acció Cultural del País Valencià con críticas muy duras a no pedir el C1 al alto funcionariado y contra el retraso del Consell en el requisito. Calificaron a Bravo como un "obstáculo" para el valenciano en la función pública y le invitaron a dar "un paso al lado y dimitir si no está dispuesta a defender los derechos lingüísticos".
Así, para Intersindical los niveles propuestos son "inaceptables" porque "no garantizan en absoluto el dominio lingüístico pertinente para poder atender la ciudadanía en valenciano". Escola Valenciana recordó que tres de cada cuatro vulneraciones lingüísticas registradas "se producen en el ámbito de la administración pública" y Acció Cultural señaló que la nueva propuesta es un "retroceso". De hecho, insisten en que en el anteproyecto de la ley de Función Pública de 2018 se señalaba que si en el plazo de un año el reglamento del requisito lingüístico "no estuviera aprobado, se aplicará que a los aspirantes a los grupos A1, A2 y B se exigirá el certificado C1".
