El recuento de divergencias entre socialistas y Compromís en la Comunitat Valenciana por el nivel de valenciano que la Administración debe requerir a los empleados públicos es extenso. Ni en la primera legislatura del Botànic ni en esta segunda, siete años ya, la izquierda ha podido acordar una regulación del nivel lingüístico en lengua propia que deben tener los funcionarios para garantizar el derecho del ciudadano a ser atendido en valenciano.
El último encontronazo acaba de producirse por el nivel competencial del alto funcionariado de la Administración autonómica.
La situación creada ha llevado a la diputada de Compromís Nathalie Torres, que fue alto cargo en el departamento que dirige Vicent Marzà, a asegurar públicamente que la propuesta socialista de pedir el grado elemental de valenciano a los altos funcionarios contraviene el Estatut.
Desde la Conselleria de Justicia explican que hay acuerdo para los distintos grupos del personal de la Administración mientras que para la exigencia a los grupos A1 y A2 (el alto funcionariado), la comisión, que forman cargos de Educación y Justicia, traslada dos alternativas, que la conselleria estudiará para elaborar el decreto.
Un informe previo
Fuentes socialistas añaden que se trata de un informe previo, que en ningún caso es definitivo. Según Compromís hay desacuerdo en el grupo de trabajo integrado por los departamentos de Política Lingüística que dirige la coalición y el de Función Pública (PSOE) para la elaboración de una propuesta conjunta.
Torres, portavoz en materia de política lingüística, rechaza la propuesta de los socialistas de exigir únicamente nivel B2 al alto funcionariado porque es incoherente que haya acuerdo en la capacitación lingüística del profesorado de educación infantil, por ejemplo, con el nivel mitjà de valenciano, pero se proponga un nivel inferior para un personal que debe ser capaz de entender y redactar informes de alto valor administrativo.
La coalición valencianista señala que hay consenso entre agentes sociales, universidades y entidades cívicas en que no se puede exigir un mismo requisito entre quien accede a un puesto catalogado como C2 (auxiliares administrativos) que quién accede a un puesto A1, es decir cuadros técnicos especializados con titulación universitaria. Galicia, con Núñez Feijóo al frente, exige el mitjà a la cúspide funcionarial, que sería menos de lo que se exige en la C. Valenciana.
En Justicia señalan que la clave es homologar el nivel de valenciano que acredita el alumnado al final de cada etapa educativa. El objetivo es que al acabar bachiller se obtenga el B2 con efectos retroactivos (ahora B1). Así, la competencia al terminar el instituto permitirá acceder a la mayoría de empleos de la Administración.
