El cerco sobre la prostitución, y más bien, sobre su clientela, se estrecha en la Comunitat Valenciana. A la espera de una legislación abolicionista nacional, la Generalitat quiere seguir dando pasos. Para el próximo, no obstante, la Conselleria de Justicia necesita de los ayuntamientos a los que ha tendido la mano con una propuesta de ordenanza modelo para poder multar a los clientes de la prostitución así como a quienes fomenten su propaganda.
El departamento que dirige Gabriela Bravo presentó este jueves junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias una norma en la que solamente existe un hueco: el del nombre del municipio que la quiera aplicar. “Alcaldes y alcaldesas, frente a las ordenanzas de la vergüenza, os pido que aprobéis la Ordenanza de la dignidad”, expresó la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en mención a la norma del ayuntamiento de Alicante que multaba a las mujeres prostituidas en vez de a sus clientes.
Esta ordenanza, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, prevé multas de hasta 3.000 euros para los clientes de prostitución y hasta 750 euros para aquellas personas que inciten a su consumo a partir de la publicidad. Además, reconoce a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género y señala que "en ningún caso" se les sancionará.
El documento señala como infracciones graves "solicitar, negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos"; "realizar cualquier actividad de carácter sexual en el espacio público a cambio de retribución, en dinero o en especie, o cualquier otra contraprestación"; "colaborar con los demandantes de servicios sexuales con acciones como facilitar, vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad" así como "favorecer o promover el consumo de prostitución", es decir, hacer de intermediario poniendo en el foco a los llamados 'chulos'.
Estas, además, pasan a ser "muy graves", y con ello la multa se puede incrementar de los 1.500 euros hasta los 3.000 si se realizan en espacios "situados a menos de 200 metros de distancia de centros educativos u otros lugares con afluencia de público infantil"; a menos de 200 metros de lugares destinados "a la celebración de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica y/o deportiva, con afluencia de público" así como en puntos que impliquen "una mayor vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a las vías de circulación de vehículos y espacios que impidan o dificulten la huida".
Asimismo, también aparece como infracciones leves, de 500 a 750 euros de sanción, "colocar, repartir, divulgar y/o difundir publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo y/o mercado de la prostitución, así como el turismo sexual, cuando se utilice el espacio público o los elementos que lo integran y que constituyen el ámbito objetivo de aplicación de ésta". De esta, serán "responsables" quienes ejecuten materialmente la misma (por ejemplo, el reparto)," además de quienes consten como anunciantes en el medio, formato y/o soporte que se trate en cada caso".
Pero no solo de multas vive la lucha contra la explotación sexual. La ordenanza cuenta también con la elaboración de un "Plan municipal de acción integral para mujeres en situación de prostitución" en el que, entre otras, se fijarán mecanismos para que las mujeres en situación de prostitución "reciban información sobre sus derechos y sobre los recursos y servicios a los que puedan acceder y cómo acceder a ellos" así como la puesta en marcha de servicios de atención social, psicológica, sanitaria, jurídica, de formación o residencial. También prevé un órgano para el seguimiento y la evaluación de las medidas y actuaciones del plan.
