El clamor de todo el sector agrario valenciano contra la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que plantea de manera confusa la prohibición de las quemas agrarias, ha forzado una solución parcial por parte de la conselleria de Agricultura. Así, según la información que el departamento agrario de la Generalitat Valenciana avanzaba tanto a la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), como a la Unió de Llauradors la conselleria publicará en breve una resolución por la cual, por razones fitosanitarias se podrá quemar. Es decir, para favorecer la lucha contra plagas y enfermedades de los cultivos, cada agricultor podrá solicitar en su ayuntamiento una autorización excepcional para continuar realizando las prácticas tradicionales de quemas de restos de poda y otros restos vegetales. La moratoria será de tres años.
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, afirma que “la conselleria de Agricultura ha escuchado y entendido la indignación de los agricultores y ganaderos valencianos ante este nuevo ataque frontal del Gobierno al campo. Tras semanas de conversaciones y gestiones constructivas con el sector, la conselleria va a dar una solución que agradecemos, pero hay que dejar claro que no es la solución que nosotros queremos y necesitamos. AVA-Asaja reclama la derogación del artículo 27.3 de la referida Ley que incluye los restos de poda y agrarios en la prohibición general de quemas, como si se tratara de residuos artificiales”.
"La consellera Mollà ha entendido la indignación de los agricultores valencianos", señalan desde AVA-Asaja
La organización agraria ha trasladado esta reivindicación al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de quien aún no ha recibido respuesta, mientras que Asaja Nacional ha hecho lo propio con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. AVA-Asaja igualmente ha remitido un escrito a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) instándole a solicitar la derogación del mencionado artículo y a trasladar esta misma demanda a todos los ayuntamientos.
Aguado remarca que “absurdamente se ha aprobado este despropósito por gente que no tiene ni idea de la realidad del campo, instaurada en un ecologismo utópico de salón. Ha creado un problema enorme en toda España, pero más grave aún en la agricultura valenciana donde predomina la estructura minifundista e incluso una orografía de difícil acceso para las máquinas trituradoras con bancales en laderas protegidas por muros. Independientemente de que haya algunas explotaciones que, por su tamaño, amplio marco de plantación y elevado grado de mecanización, están utilizando otros métodos culturales como es el triturado y descomposición en el mismo suelo, para la mayoría de parcelas de la Comunitat Valenciana prohibir las quemas no solo es muy difícil de aplicar de la noche a la mañana, sino también supone sobrecostes económicos inasumibles con la actual crisis de rentabilidad”.
Desde el punto de vista fitosanitario, el dirigente agrario señala que “prácticamente todos los cultivos valencianos sufren una explosión de plagas y enfermedades a causa de la supresión europea de materias activas y, ahora, con una prohibición de quemas los agricultores tendrían más dificultades aún para mantener una correcta sanidad vegetal. Además, en el caso del arranque de cultivos leñosos como cítricos, olivos o almendros, muchos patógenos se hallan dentro de la madera y resulta necesaria la quema para afrontar la nueva plantación en buenas condiciones sanitarias. La contaminación que puede generar esta incineración puntual es mil veces menor a la contribución positiva que ha ido desempeñando el árbol durante sus más de veinte años de vida”.
Aguado añade que “tampoco parece una medida acertada para el medio ambiente si pensamos en el impacto que supone el traslado mediante maquinaria de los rastrojos y restos de poda a distancias kilométricas –como sucedería en muchas zonas agrarias valencianas– o en la acumulación de material combustible en los campos, muchos de ellos colindantes a municipios, industrias y superficies forestales, que podría desencadenar incendios graves y agravar la superpoblación de fauna salvaje. Incluir los restos agroforestales en esta ley es de locos, dejen al campo tranquilo y no nos compliquen más la vida, que ya tenemos demasiados problemas.
Los planes locales de prevención de incendios, instrumentos básicos
Según destacaba la Unió de Llauradors, las entidades locales que cuenten con un Plan Local de Quemas aprobado, o un instrumento de planificación aprobado para la ordenación de la actividad de quema de restos agrícolas en su municipio, les será de aplicación la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2022 de 8 de abril, por lo que dichos municipios podrán continuar con dicha actividad de la misma forma que lo estaban realizando antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, mientras no se dicte resolución en contra. En esa Disposición se indica que “Las comunidades autónomas adaptarán a lo establecido en esta ley y las autorizaciones y comunicaciones de las instalaciones y actividades ya existentes, o las solicitudes y comunicaciones que se hayan presentado antes de la fecha de entrada en vigor de la ley, en el plazo de tres años desde esa fecha.”
Las solicitudes de aprobación de Plan Local de Quemas presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2022 se tramitarán conforme a la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud, de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2022. Para el caso de entidades locales que no cuenten con un Plan Local de Quemas aprobado, las actividades de quema de residuos agrícolas o forestales autorizadas en base a la Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2022, seguirán siendo válidas y se podrán realizar hasta que finalice el plazo de eficacia de estas, con los límites y condiciones establecidos en la normativa de prevención de incendios forestales.
Cabe señalar que, como todos los años, desde el 1 de junio al 16 de octubre ya no se podrá quemar atendiendo a la normativa autonómica en prevención de incendios (una cuestión totalmente asumida por los agricultores) y por ello quedaban ya pocos días para deshacerse de los restos de poda, dejando en una clara situación de indefensión a numerosos agricultores justo en un momento donde muchos cultivos precisan de esta práctica. En este sentido, había localidades de la Comunitat Valenciana que se estaban acogiendo a esa supuesta prohibición de las quemas de la Ley de Residuos y las han prohibido, mientras que otras sí las estaban autorizando y así la Unió solicita a los ayuntamientos que habían retirado las autorizaciones para la gestión de los restos de poda que las reactiven de forma urgente.
La organización agraria ya había insistido en establecer un periodo de transición y adaptación mediante el cual se realizara un debate público y participativo para resolver los problemas de las quemas agrícolas en aquellos sitios donde resulta imposible triturar en el campo. La Unió, señalan, seguirá trabajando ahora para que se reconozca que los restos de poda agrícola son un subproducto de material vegetal que se gestiona (quema o tritura) en la misma explotación y nunca pueden ser considerados como un residuo que sí queda sujeto obligatoriamente a su tratamiento posterior en una planta. De este modo, LA UNIÓ insistirá en suprimir el artículo 27.3 de la Ley de residuos y suelos contaminados por no ajustarse a la realidad.
En este sentido, Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “vamos a seguir vigilantes con todas las normativas que afecten a nuestro sector y nos mantendremos inflexibles con medidas que entorpecen el día a día de nuestra actividad agraria. Hay que negociar y dialogar antes de imponer y trabajar de una forma más coordinada”.
