La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE-CV) ha reclamado un "respaldo legal y moral" a los docentes que prestan sus servicios en la Comunitat Valenciana" y que se les considere una "autoridad pública".
El sindicato pide la inclusión de esta consideración en el próximo decreto de igualdad y convivencia en el sistema educativo valenciano.
Según FSIE, dicho decreto "no protege a todos los docentes por igual, ni regula sus derechos convenientemente", y exige, como ocurre en otras autonomías -Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León- la inclusión en su articulado de medidas que "concreten un respaldo legal y moral" a los docentes que prestan sus servicios en la Comunitat.
El sindicato considera "fundamental" que esta norma recoja cuestiones como la consideración de autoridad pública para todos los docentes -tanto la de centros sostenidos con fondos públicos como los privados-, la asistencia psicológica y la reparación de daños de los que incurren en agresiones a personal docente y no docente.
FSIE ha solicitado asimismo la definición de las funciones y requisitos de la nueva figura del "coordinador de bienestar" y que se especifique si debe desempeñar esta tarea el personal del centro o contratar a personal externo.
Del mimo modo, reclama la creación de una unidad administrativa para atender, proteger, asesorar y apoyar al profesorado en todos los conflictos surgidos en el aula o centro educativo y en las actividades complementarias y extraescolares.
