La asociación Acción Cívica contra la corrupción, que ejerce la acusación popular en el caso Taula y otras causas de corrupción que se investigan en la Comunitat Valenciana, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 18 de València que convoque una vista para solicitar la medida de prisión provisional para el ex gerente de Imelsa y autoconfeso yonqui del dinero, Marcos Benavent.

En el escrito, Acción Cívica contra la corrupción argumenta esta petición por el "cambio radical de la declaraciones de Marcos Benavent, erróneamente llamado 'cambio de estrategia de defensa'". La letrada de Acción Cívica recuerda que en la primera declaración en la que el yonqui del dinero se retractó, celebrada ante Instrucción 18 el pasado 27 de octubre, Benavent indicó sobre las grabaciones que dieron origen al caso Taula que “fueron provocadas malintencionadamente por mí para que el interlocutor diga lo que yo quiero. Las grabaciones fueron manipuladas y editadas tanto por mí personalmente como por el señor Mariano López. Fueron manipuladas en su momento con mi ordenador y con su ordenador, con varios teléfonos móviles y con varias grabadoras.”

Una declaración, "indudablemente preparada", a juicio de Acción Cívica, que "se ha visto recientemente ratificada en sala, en la declaración prestada en calidad de acusado en la vista del juicio oral de la pieza separada J (de Thematica Events). El señor Benavent sigue manteniendo que ha dicho muchas falsedades y que las grabaciones están manipuladas, cuestión que su letrado ha instrumentalizado jurídicamente pidiendo la nulidad de estas en el trámite de cuestiones previas. Unas declaraciones que la letrada de Acción Cívica ha podido seguir en directo, como público, durante las vistas del juicio de Thematica Events, que se celebra desde el pasado 2 de mayo en la sección quinta de la Audiencia de València.

Por tanto, la acusación popular en el caso Taula considera que "al desaparecer por completo la colaboración del investigado con la justicia, nos encontramos ante nuevas circunstancias y frente a una situación que no se había presentado con anterioridad", por lo que Acción Cívica plantea "como medida cautelar que se acuerde el ingreso del señor Benavent en prisión provisional, entendiendo que se reúnen los requisitos legales y jurisprudenciales para la adopción de dicha medida".

Apuntalan esta petición, a juicio de la representación de Acción Cívica, "los casi siete años de instrucción que no dejan ninguna duda sobre los hechos investigados en este procedimiento, finalmente atribuibles a Benavent, que revisten carácter delictivo y se encuadran en tipos penales dolosos sancionados con pena igual o superior a dos años de prisión, aún aplicando las reglas del concurso y del delito continuado".

Además se añade a todos los hechos anteriores que Marcos Benavent "sigue sin facilitar a este juzgado su actual domicilio, que le fue requerido mediante una providencia del 20 de octubre de 2021" que fue contestada con la dirección de su nuevo letrado. "El investigado se niega a facilitar su domicilio, impidiendo así las preceptivas y necesarias notificaciones personales. En la declaración prestada en fecha 27 de octubre de 2021, el señor Benavent dice que siempre ha vivido en un chalé de la familia en Benigànim sin facilitar la dirección, de manera que ni en la información de derechos ni en la cabecera de la declaración aparece el dato del domicilio".

Por último, la asociación de lucha contra la corrupción considera que la medida de prisión provisional debe adoptarse al carecer Benavent de "arraigo familiar ya que el investigado no tiene pareja, ni descendientes, ni cargas familiares. Ni podemos extendernos en su arraigo laboral porque es nulo" además de "mantener contactos y relaciones con el extranjero". Sin olvidar, añade Acción Cívica en su escrito que "una vez transcendió la investigación se marchó a Ecuador donde permaneció más de un mes tratando de entrar en Brasil, trasladándose desde allí a Japón y después a Holanda antes de volver a España".

"Llegados a este punto, es indispensable valorar una medida cautelar efectiva para evitar tanto el riesgo de fuga como un peligro seguro de colusión o entorpecimiento del proceso por parte del principal investigado en la causa" además de que "la inminencia del pronunciamiento de una sentencia condenatoria, que ya no es aceptada por el 'ex arrepentido', arroja un evidente peligro de fuga".

El abogado de Marcos Benavent, Juan Carlos Navarro, respondió a la petición realizada por Acción Cívica en la pieza principal del caso Taula que "quien hace esta petición se sitúa al margen de la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al principio 'pro libertatis'. La petición se debe fundamentalmente a la reacción de un acusado que reivindica la investigación sobre la injerencia de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, quien así actúa [en referencia a la acción popular] se sitúa en la línea de los estados totalitarios o estados policiales como medida coercitiva cuando se trata de averiguar lo que ha ocurrido".