El PP tiene previsto poner a disposición del juzgado encargado de la causa sobre la actuación de la Conselleria de Igualdad sobre los abusos sexuales a una menor por parte del exmarido de Mónica Oltra dos instrucciones de esa conselleria que, según este partido, obligaban a denunciar a la Fiscalía el abuso en el momento de conocerlo, pero no se hizo.
Así lo ha señalado en los pasillos de las Corts la síndica del PP, María José Catalá, quien ha explicado que su partido no descarta personarse en este caso como acusación popular, algo que en todo caso harían no como un paso efectista ni con la intención de hacer política sino para "hacer justicia", ha asegurado esta mañana, aunque para aportar documentos a la causa no es necesario estar personados.
Catalá asegura que en una petición de documentación, el departamento de Oltra les ha remitido dos instrucciones, una de 2004 y otra de 2013, en las que se establecía el protocolo de actuación en caso de tener conocimiento de un caso de abuso a un menor.
En Compromís, el diputado y portavoz en la Comisión de Política Social, Carles Esteve, responde que Català se pone en evidencia y vuelve a hacer el ridículo "más absoluto reciclando temas que ya están más que contestados" por la vicepresidenta Mònica Oltra en sede parlamentaria y a los medios de comunicación. Català demuestra que no tiene nada más quedecir, afirma Esteve.
“Es más, yo le pregunto a Català por qué se ha esperado a mayo para decir que está pensando en personarse, cuando ella ya sacó esa documentación en la sesión de la Diputación Permanente del 18 de enero. Y la señora vicepresidenta, Mònica Oltra, se lo explicó claro y raso que tanto la instrucción 6/2004 como la 9/2013 no hablan de abusos sexuales”, añade Esteve.
Según Esteve, la síndica del PP lleva un año "revolviendo toda la documentación que ha tenido a su alcance desde el primer día. Pero siempre vuelve a las mismas cuestiones que ya están más que contestadas. El PP huye de la verdad, suelta una fake y se queda tan ancho. Ya estamos esperando ansiosas la siguiente noticia que se inventará”.
“Suerte que está todo por escrito. El PP lo tiene a su disposición, pero aun así prefiere mentir y lanzar bulos. Y si algo ha demostrado el gobierno del Botánico y su vicepresidenta es que hay más transparencia que nunca y acceso a toda la documentación”, ha concluido el diputado Carles Esteve.
Pero Catalá insiste en que Oltra ha dicho varias veces en las Corts que cuando llegó a la Conselleria "solo existía un correo electrónico" remitido a los centros de menores que aconsejaba que una denuncia de estas características se remitiera a la Fiscalía de menores, pero ahora "queda claro que sí que existían dos instrucciones que obligaban" a hacerlo, "cosa que no se produjo".
La síndica popular ha acusado a Oltra de "mentir" en las Corts, porque "sí que tenía una instrucción que obligaba a la Conselleria a comunicar a la fiscalía de menores cualquier denuncia de abusos a una menor", además de que la ley estatal del Menor también lo establece así.
A juicio de Oltra, en este caso de la menor tutelada abusada se sucedieron por parte de la Conselleria "una cadena de irresponsabilidades", dado que "existían protocolos e instrucciones que estuvieron en vigor hasta la que se emitió en 2020".
Esas instrucciones, según Catalá, "recogen negro sobre blanco la obligación de comunicar cualquier denuncia a la Fiscalía de menores", pero cuando la dirección territorial tuvo conocimiento de la denuncia "no cumplió con su obligación y no lo comunicó a la dirección general ni a la Fiscalía de menores".
Catalá asegura que se hizo una investigación paralela y no se comunicó a la fiscalía.
A juicio de Catalá, esta es una información "muy relevante que tiene que conocer el juzgado" que instruye la causa sobre cómo procedió la Conselleria en el momento en el que conoció el abuso en concreto, ya que "acredita que la vicepresidenta Oltra se saltó dos instrucciones y la ley del Menor".
La síndica del PP ha considerado que esta documentación es "un pilar fundamental para argumentar cómo se resolvió el proceso en el momento en que la Conselleria y la vicepresidenta fueron conocedores del suceso, en el que se hizo una investigación paralela y no se comunicó a la fiscalía. Esto deja claro la irresponsabilidad y la mala praxis en este caso".
