Cualquier anhelo de eliminación de las diputaciones choca directamente con el artículo 141 de la Constitución Española, en su Título VIII al hablar de la organización territorial. En este se indica que la provincia «es una entidad local con personalidad jurídica propia» y que su gobierno y administración «estarán encomendados a las diputaciones», un tejido legal que, según los expertos consultados, dificulta su supresión sin que se aborde su reforma. Aunque hay caminos intermedios y en todos aparece la misma palabra: pacto.
En los últimos días las diferentes visiones de la izquierda en torno a las corporaciones provinciales han vuelto a salir a la palestra. Lo hicieron tras la V Conferencia de Presidentes Provinciales cuando estas entidades reclamaron más competencias, con firma del responsable socialista en la institución valenciana, Toni Gaspar; y discrepancias de su socio Compromís.
«No en mi nombre», dijo su compañero de gobierno provincial, Xavier Rius. El martes volvieron a exhibir esta diferencia con votos opuestos al apoyo al papel de esta administración intermedia.
La coalición valencianista ha sido clara en su postura sobre eliminar estas instituciones, algo que, recuerdan tanto el catedrático de Geografía Humana, Joan Romero, como la jurista y doctora en Ciencias Políticas, Victoria Rodríguez Blanco, choca con la actual Carta Magna. «La autonomía local y las diputaciones están muy protegidas en la Constitución», remarca la politóloga de la Universidad Miguel Hernández de Elx.
«Eliminar las diputaciones sin reforma de la Constitución es imposible», incide Romero quien, en su opinión, si se abriera ese debate considera que «no tendría sentido que continuasen las diputaciones». Entre los motivos que da está que «ya hay territorios sin diputaciones y no les pasa nada», como son los casos de aquellas autonomías uniprovinciales como son la Comunidad de Madrid, La Rioja o la Región de Murcia.
«Todo tiene encaje en el pacto»
Pero más allá de esa circunstancia que parece remota ante la imposibilidad de pactos con mayorías suficientes para afrontar esa reforma, la recomendación para evitar «solapamientos» es la cooperación e incide en que gusten o no, la realidad actual es que las diputaciones están reflejadas en la Constitución y han de tener un funcionamiento «eficiente y eficaz». «Un Estado compuesto no tiene por qué ser un Estado confuso», explica el también director de la Cátedra Prospect CV 2030 quien insiste que España cuenta con un «problema de gobernanza».
«Todo tiene un encaje por la vía del acuerdo político, el objetivo debería ser afrontar problemas, no competencias», explica al tiempo que añade que lo que no puede ser «es que se traslade confusión a la ciudadanía» ni que haya «cuatro ventanillas» para pedir la solución a un problema y que en ninguna se dé la respuesta adecuada o se convierta en un constante bumerán entre administraciones.
En este sentido, critica que en ocasiones las diputaciones provinciales se comportan como «Administraciones exclusivas y excluyentes» en aquellas zonas despobladas donde su función es más necesaria mientras que pide a los gobiernos autonómicos que no sean tratadas como «actores externos» en las zonas con mayor dinamismo demográfico. Así, también lamenta que no se haya logrado regular sobre áreas metropolitanas, una «anomalía española en toda Europa», y considera que uno de los motivos que lo dificulta es la existencia de las corporaciones provinciales.
En el limbo
Por su parte, Rodríguez Blanco señala que las diputaciones se encuentran actualmente con un «limbo» en la distribución de sus competencias, con choques constantes con las comunidades autónomas. «Esto requiere de pacto político sino acaba siendo todo a partir de los juzgados», explica la politóloga quien recuerda que en noviembre de 2019, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se reunieron para «reordenar la política social en la provincia de Alicante para acabar con las duplicidades y las competencias impropias».
La politóloga también recuerda que en estos momentos las comarcas «tienen un carácter cultural, pero no existen jurídicamente». No obstante, apunta a que el Estatut d'Autonomia permite su regulación con la comarcalización a partir de una ley siempre que cuente con un respaldo de dos tercios de la cámara autonómica y con el visto bueno de los ayuntamientos que se fueran a incluir.
