El debate de la prostitución no solo expone las diferencias entre la izquierda en el Congreso sino que estas también afectan a la acción del gobierno valenciano. Así, si la Conselleria de Justicia avanza en la implantación de medidas para sancionar a los clientes y a los espacios en los que se consume prostitución, la portavoz del ejecutivo y responsable de Igualdad, Monica Oltra, se desliga de esta estrategia.
La vicepresidenta del Consell sorteó durante la rueda de prensa posterior al pleno del gobierno valenciano mostrar apoyo a, entre otras acciones, la modificación de la Ley de Espectáculos para multar a los prostíbulos. "Es un anteproyecto, se está estudiando", dijo Oltra al tiempo que añadió que para erradicar la prostitución "hace falta más que una política punitivista".
"Cuando hablamos de fenómenos muy complejos, no depende de una ley", expresó la consellera de Políticas Inclusivas quien lanzó una serie de adjetivos que podrían sonar a tirón de orejas a las propuestas de Bravo: propuestas de "brocha gorda", evitar "posiciones despóticas" y considerar una "profunda estulticia" (véase ignorancia o estupidez) confrontar regulación y abolición "cuando abolición es un marco regulatorio".
Y aunque parecía que Oltra esta vez sí que iba a aplaudir las iniciativas de Bravo, con quien los choques han sido constantes, cuando dijo que en este asunto ponía en valor la acción del Consell, la vicepresidenta no mencionó ni una de las acciones llevadas a cabo o presentadas por el departamento de Justicia.
Habló de la Renta Valenciana de Inclusión y del programa ALBA (programas que lleva la líder de Compromís en el ejecutivo) pero nada de la propuesta de una ordenanza modelo municipal para multar a los clientes, de la modificación de la Ley de Espectáculos o del Foro Abolicionista, medidas que llevan el sello de la dirigente socialista. "Estas acciones no las tiene ninguna comunidad autónoma, son el feminismo que se come", reivindicó Oltra sobre las medidas de su departamento.
"Cuando más clandestina es una actividad más dificultad de llegar a estas mujeres, hay estudios que demuestran que las políticas punitivistas causan perjuicios en el ámbito de las mujeres más vulnerables, las que son víctimas de explotación sexual", añadió casi como corolario .
La vicepresidenta se alinearía así con los posicionamientos de una parte del feminismo que no reclama tanto la abolición de la prostitución a partir de la promulgación de una ley, como sí lo hace la parte del movimiento vinculada más a los socialistas, sino que aboga porque la solución no pase tanto por las sanciones (las medidas punitivas) sino por la respuesta social, como han desligado partidos de izquierdas como los comunes de Ada Colau. Eso no significa que esté a favor de su legalización, algo sobre lo que no se pronunció, sino que considera que la abolición "no se consigue con una ley".
