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Antifraude alerta de contrataciones irregulares de Vera en Divalterra

La agencia apunta a nueve adjudicaciones del exjefe de servicios jurídicos de la empresa pública al despacho que defendió su contrato de alta dirección

Un policía nacional, a la puerta de la sede de Divalterra, desde donde se cambió la contraseña del correo personal de Vera. Europa Press

La Agencia Antifraude se añade a la lista de quienes investigan los pasos de José Luis Vera. Además de su imputación en el caso Azud por haber recibido presuntamente comisiones de la trama durante la primera década de los 2000, la entidad fiscalizadora ha publicado dos resoluciones en las que reclama “instruir expedientes para valorar la exigencia de posibles responsabilidades” por varias contrataciones en Divalterra cuando Vera dirigía los servicios jurídicos de la empresa pública de la Diputación de Valencia.

Según los dos informes del órgano que dirige Joan Llinares, Antifraude pone su foco en el abogado por dos escritos presentados en el buzón de denuncias de la agencia, ambos respecto a contrataciones de servicios jurídicos (el área correspondiente al ya despedido abogado) por parte de Divalterra: a la empresa Tomarial y a la letrada Emma Ramón Bautista (doña ERB en el informe) y en ambos casos con presuntas irregularidades y "amaño", según el informe de la entidad.

En este sentido, respecto a la primera compañía, la investigación de Antifraude señala que Tomarial habría remitido a Divalterra, es decir, cobrado, 82 facturas por valor de 273.826 euros, de las cuales seis "no estarían soportadas por la tramitación previa de un expediente de contratación". Estas forman parte de hasta nueve adjudicaciones desde 2015 que logra Tomarial de Divalterra y en las que Vera tiene un papel clave como jefe de los servicios jurídicos.

La investigación de la agencia pone en alerta varias posibles irregularidades. Una de ellas es el posible "conflicto de intereses" ya que Vera fue contratado en Divalterra con el informe jurídico favorable de la mercantil Tomarial, "que dio la validación jurídica a la contratación con contrato de alta dirección". De hecho, añade que posteriormente el mismo despacho realizó otros dos informes en los que la misma persona de esta empresa "cambió de criterio" y rechazó realizar contratos de alta dirección "análogos" a los de Vera en otras áreas.

Señala también "un indicio claro de posible fraccionamiento" con cuatro procedimientos "parcialmente coincidentes en su ejecución temporal" que se lleva Tomarial y que posteriormente, un año después, acaban adjudicándose unificados. Un ejemplo que da es que en agosto de 2015 se adjudican dos contratos de 30.000 y 27.000 euros cifras que hacen sospechar a Antifraude ya que el máximo para ese mecanismo de contratación estaba fijado en 50.000 euros.

Pero no solo. El informe reseña que se "ha admitido por Divalterra que se han cometido hasta cuatro errores de valoración en la valoración de la oferta de Tomarial, lo que, de aplicarse los criterios de los pliegos hubiera determinado su exclusión directa"; se indica que en varios procedimientos la empresa pública de la Diputación de Valencia "no solicitó más ofertas que la de Tomarial, incumpliendo lo ordenado por el órgano de contratación" y no se señalaron por parte de Divalterra "los motivos por los que las prestaciones fueron interrumpidas" con el asesoramiento laboral de PWC que fue sustituida posteriormente por Tomarial.

En líneas similares apunta también a las contrataciones de Emma Ramón Bautista. El montante económico total investigado en este caso es de 65.000 euros y de nuevo vuelve a señalar posible "conflicto de interés" ya que Vera, "la persona que impulsa los procedimientos de contratación, justifica su necesidad, formaliza la propuesta, conforma las facturas y certifica la buena ejecución", fue socio de la letrada a la que adjudicó el contrato en una licitación en la que se invitaron a tres empresas y solamente una, la propuesta de Emma Ramón, cumplía las condiciones.

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