Es una frase repetida en los últimos años, cuando se han extendido en España (en el Estado y las autonomías) los gobiernos compartidos: las diferencias entre socios son lógicas y sanas porque se trata de partidos diferentes. Incluso hay formaciones (Podemos) que han abierto un debate sobre cómo abordar estas divergencias, si dándoles luz o sepultándolas. Es coherente también que estas se vean más a un año de elecciones, ya que cada partido intenta marcar un perfil propio ante el electorado. En el Botànic las fricciones tampoco son un elemento nuevo: las hubo en la primera legislatura. La marca diferencial de este tiempo, de fin de la crisis de la pandemia e inicio de la reconstrucción y paralelamente de consecuencias de la guerra en Ucrania, es la reproducción de las batallas internas y la dificultad de encontrar un punto de entendimiento, lo que las eterniza. Y los choques desgastan, como admiten miembros del Consell.
La última comparecencia tras el pleno del Consell (que celebraba su primera reunión tras su remodelación) evidenció que en este momento hay dos asuntos en los que los socios del Botànic mantienen posiciones discrepantes: las políticas frente a la prostitución y el decreto anticrisis, tras el cual se esconden las diferencias sobre el modo de extensión de las energías verdes a través de grandes instalaciones solares. Además está la cuestión de la ampliación del puerto de València, de largo recorrido. Y en la memoria reciente están los problemas con la tasa turística, resueltos con un acuerdo del que los principales cargos autonómicos de Turismo se han desmarcado.
La consecuencia de que el foco de atención esté sobre estas refriegas internas entre PSPV, Compromís y Unides Podem es que la agenda nueva con la que se pretende abrir un ciclo tras las crisis no termina de arrancar. Queda ensombrecida, cuando no oculta por los truenos de los desencuentros.
El Gobierno de Ximo Puig ha conseguido el hito de la gigafactoría de baterías eléctricas de Sagunt, el primer gran proyecto económico para la reconstrucción en España, como el propio jefe del Consell insistió en la última sesión de control en las Corts. La transformación del modelo económico es uno de los ejes del nuevo ciclo, pero incluso el logro corre el riesgo de quedar difuminado a las pocas semanas.
En la agenda de Puig hay dos conceptos fundamentales en esta etapa final de legislatura: el Pacto por la Energía y Europa. Pero le está costando encontrar margen para la visibilidad. El pacto es la herramienta para el gran objetivo de la soberanía energética en un plazo no superior a diez años. Sin embargo, una de sus patas son las plantas fotovoltaicas, sobre las que parte de Compromís y Unides Podem muestran muchas prevenciones, como se está viendo en el trámite del decreto anticrisis.
La idea de una autonomía puerta de la UE está en decisiones como la del proyecto de Correos en València o todo lo relacionado con Eurovisión.
Pero el marco actual está dominado por la disensiones. La última, sobre la abolición de la prostitución que defienden las socialistas pero no la vicepresidenta Mónica Oltra, es reflejo de la que se da asimismo en el Gobierno de España y se sitúa en una polémica larga sobre las diferentes concepciones del feminismo hoy en la izquierda. La falta de entendimiento sobre unas bases mínimas hace aparecer las diferencias de forma periódica.
