El empresario castellonense Juan Enrique Adell Bover, administrador de las empresas Canal Maestrat y Kriol Producciones, ha negado este miércoles en su declaración ante el Juzgado de Instrucción 4 de València formar parte de cualquier asociación ilícita ni de compartir ningún negocio fraudulento con el también empresario y hermano del presidente de la Generalitat, Francesc Puig, para la adjudicación de subvenciones.
Adell Bover ha declarado hoy durante cerca de tres horas como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de València en el marco de una causa abierta, tras una denuncia del PP, por un supuesto fraude de subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña.
La existencia de una connivencia supuestamente ilícita entre Adell y Puig para la adjudicación de subvenciones fue apuntada en una declaración ante la Fiscalía Anticorrupción por la exmujer de otro hermano Adell Bover, con la que el empresario ha admitido que todavía mantiene desencuentros judiciales por la liquidación de sus bienes gananciales tras un proceso de divorcio. Adell ha negado cualquier vínculo societario con Francis Puig. La letrada de Juan Enrique Adell Bover, Carmen Gallego, en declaraciones a Àpunt ha asegurado que " de las facturas admitidas para la subvención del fomento al valenciano durante los cuatro años [investigados] solo representan el 0,01 %. Es casi inexistente, la colaboración es mucho mayor con otras empresas con las que colaboran mis clientes", ha explicado la letrada.
El administrador de Canal Maestrat, Juan Enrique Adell Bover, está acusado, al igual que Francesc Puig y el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, en una causa abierta a raíz de una denuncia del PP por un supuesto delito de fraude subvenciones y falsedad documental.
Al igual que hizo este lunes Francesc Puig, Adell Bover ha considerado imposible la existencia de un delito de fraude de subvenciones, porque según ha apuntado los fondos obtenidos a partir de ayudas públicas no superaron los 120.000 euros en un único ejercicio y, en cualquier caso, para que exista delito es la cantidad defraudada la que debe superar esta barrera de los 120.000 euros, no la subvención concedida. De hecho, la letrada de Adell Bover también ha explicado en declaraciones a Àpunt sobre esta cuestión que "se presentó un escrito en su día justificando que no solo las subvenciones concedidas no superan ese límite sino que los importes que ahora el equipo de delitos económicos de la Guardia Civil ha puesto negro sobre blanco, existen dudas porque no hay ninguna conclusión y ninguna de ellas llega ni de lejos a los 120.000 euros", ha asegurado la letrada.
Respecto a las dudas expuestas por la fiscal sobre el pago de determinadas facturas que sirvieron para justificar la solicitud y la concesión de subvenciones por parte de los gobiernos valencianos y catalán, Adell Bover se ha comprometido a presentar justificación de las mismas.
Al igual que Francesc Puig, ha apuntado la posibilidad de que algunas de esas facturas no se abonasen porque fueron "compensadas", es decir, que se prestaron o recibieron servicios por parte de otras compañías que eran, a la vez, cliente y proveedor. En cualquier caso, se ha comprometido a presentar justificación documental de todo ello.
Otras fuentes consultadas por la agencia Efe han señalado que Adell Bover ha admitido que tiene abiertos varios expedientes para el reintegro de subvenciones (también que Francesc Puig no tiene ningún expediente abierto), si bien el investigado ha matizado que dichos expedientes de devolución están recurridos y se está aportando la documentación justificativa.
