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El Tribunal de Cuentas reprocha a la Diputación de Alicante su poca inversión en transparencia

La corporación que preside Mazón es la segunda que menos destina a ayudas de administración digital e invierte ocho veces menos en transparencia que la de Valencia

Los presidentes de las diputaciones provinciales firman con la Generalitat un protocolo sobre transparencia. Juan Carlos Cárdenas

Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas a la Diputación de Alicante por la asistencia a los municipios en materia de transparencia y administración electrónica. La corporación que preside el dirigente del PPCV, Carlos Mazón, fue la segunda que menos ayudas destinó a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para la implantación y desarrollo de transparencia a partir de la digitalización.

Según el informe de fiscalización del órgano estatal, la Diputación de Alicante destinó en 2019 un total de 23.280 euros en concepto de ayudas a los municipios de la provincia, solo por delante de Cantabria (que lo hace a partir de la comunidad autónoma), que destinó 12.000. "La asistencia prestada en el año 2019 por las diputaciones provinciales de Alicante, Cáceres, Guadalajara, Huesca y Segovia no se extendió sobre la totalidad de los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, y se circunscribió a los de menor población", señala el texto.

En este sentido, al comparar las cantidades respecto al resto de corporaciones, el cruce de datos refleja que la alicantina invierte hasta 16 veces menos que la Diputación de Valencia y hasta 12 veces menos que la de Castelló. En este sentido, la corporación de la provincia de Valencia destina hasta 379.000 euros para este tipo de servicios de administración digital y transparencia mientras que la de Castelló invirtió 279.000 euros.

En comparación con el peso de los ayuntamientos atendidos, el informe del Tribunal de Cuentas señala que esta inversión es ocho veces superior en la de Valencia que en la de Alicante por ayuntamiento con 1.600 euros por consistorio por los 202 euros por municipio de menos de 20.000 habitantes de la de Alicante, es decir, que ocho veces menos por localidad.

No obstante, la Diputación de Alicante y la de Castelló sí que se encuentran por delante de la de Valencia en un asunto: el pago. En este sentido, el Tribunal de Cuentas apunta que la entidad que dirige Toni Gaspar había abonado el 47 % del contrato firmado (180.177 euros de los 379.000) mientras que tanto la que encabeza Carlos Mazón como la que lidera José Martí habían pagado el 100 % y el 90 %.

Sobre los resultados de estas inversiones, el Tribunal de Cuentas también refleja el nivel de implantación de herramientas que favorecen la transparencia y el acceso digital a la administración. Así, indica que mientras la Diputación de Castellón tiene un 98 % de media de estos instrumentos desarrollados como la firma electrónica o la existencia de una carpeta ciudadana; la de Valencia se encuentra en torno al 34 % y la de Alicante en el 29 %, en la zona baja.

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