El tripartito ha salvado sus discrepancias en materia energética y valida esta mañana en el pleno de las Corts el macrodecreto del Consell de medidas contra la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Las tres síndicas del Botànic, Ana Barceló (PSPV), Papi Robles (Compromís) y Pilar Lima (Unides Podem) junto a la adjunta, Estefanía Blanes, han anunciado esta mañana un acuerdo para convalidar el decreto del Consell y renunciar a su tramitación como decreto de ley.

En el acuerdo se incluye el desarrollo de la Agencia Valenciana de Energía que entraría en funcionamiento antes de que acabe la legislatura. Finalmente no se elaborará una nueva ley de soberanía energética como pedía Compromís y las reivindicaciones que los socios mantenían sobre temas energéticos se incluirán como modificaciones dentro del marco legislativo que ya está en marcha, como la ley de cambio climático o en la ley de presupuestos de final año a través de la ley de medidas fiscales, según han explicado las portavoces.

Los tres partidos han aplaudido el acuerdo en una comparecencia en las Corts poco antes de votar la validación del decreto. Aseguran que han puesto las bases para un diálogo fructífero que busca conseguir la autosuficiencia energética.

Desde el Botànic se asegura que después de la convalidación del Decreto Ley 1/2022 y la finalización de su tramitación, los grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Unidas Podemos acuerdan la introducción de las siguientes medidas en los procesos legislativos previstos a lo largo del presente año:

Uno es la creación de una Agencia Valenciana de la Energía que entre sus funciones contempla crear o participar en sociedades mercantiles, con el objetivo de comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia y gestionar la venta de excedentes energéticos de instalaciones de autoconsumo.

También el impulso de promociones públicas de generación distribuida de energías renovables y el fomento de las cooperativas de energía y las comunidades energéticas locales como instrumento vertebrador de una transición energética democrática.

Se acuerda además el establecimiento de una prelación de los suelos y espacios para la instalación de plantas de energías renovables, priorizando la instalación de centrales fotovoltaicas y parque eólicos en zonas urbanas, industriales y suelos degradados o de nulo valor medioambiental, agrícola y patrimonial, comportando esta priorización la reducción de permisos e informes asociados, para ganar eficiencia y evitar el impacto de infraestructuras de transporte en nuestro territorio. Y se incluye la mejora de aquellas cuestiones de carácter técnico que puedan resultar de interés para impulsar la transición energética en la normativa vigente de aplicación.

 Según señalan el acuerdo incluye el refuerzo de la protección medioambiental para minimizar la afección de los espacios naturales protegidos y de especial valor en los que sean manifiestamente incompatibles los usos, como espacios a los cuales no se pueden desarrollar proyectos de instalación fotovoltaica. Y también la adaptación de la normativa valenciana en el acuerdo logrado en el congreso de los diputados sobre la modificación del Real decreto ley 6/2022, en aquellas cuestiones que facilitan la participación ciudadana y establece más garantías medioambientales.

Otro de los puntos del acuerdo alude al establecimiento de mecanismos que permiten a los municipios participar en la planificación y ordenación de la implantación de energías renovables en su término. Todo proceso de instalación de plantas fotovoltaicas o eólicas mayores de 10 megavátios en suelo no urbanizable exigirán un trámite de participación pública, de acuerdo con aquello que establece el Texto Refundido de la LOTUP. Su resultado será valorado por el órgano sustantivo respecto al grado de apoyo ciudadano que la propuesta tenga.

 Y por último se incluye apoyo técnico y humano en los ayuntamientos de municipios pequeños que presentan insuficiencia de recursos materiales y humanos, para que puedan cumplir con las obligaciones y actuaciones que correspondan para dar cumplimiento a la aplicación de la normativa que se implante.