El debate sobre cómo legislar la prostitución va más allá del choque entre las conselleries de Mónica Oltra y Gabriela Bravo y también alcanza a entidades y colectivos. Y tiene su aterrizaje material en la modificación de la Ley de Espectáculos que plantea la Conselleria de Justicia para multar a clientes y locales.
Uno de ellos es el Front Abolicionista, una plataforma en la que se enmarcan una cincuentena de entidades feministas, y que ayer respondió con dureza contra las alegaciones presentadas por el departamento de Oltra hacia las propuestas de sanciones que propone Justicia.
Su presidenta, Concha Hidalgo, aseguró que están «muy indignadas» con el texto de Igualdad y exige al Botànic «coherencia con el compromiso abolicionista adquirido tras la aprobación de la PNL» en las Corts en octubre de 2021. Hidalgo coincide con Oltra en que «uno de los pilares fundamentales son las ayudas públicas para que las mujeres vulnerables salgan de la prostitución», pero añade que «el principal enemigo de la prostitución son las leyes y normas del Estado que sanciona su consumo». «El feminismo es abolicionista; mientras exista la prostitución, no habrá igualdad posible», defiende.
Con quien tiene especial choque el Front Abolicionista es con el sindicato Otras de trabajadoras sexuales, a las que acusa de «representar el discurso de los proxenetas». Esta organización también ha presentado alegaciones a la modificación de la ley y asegura que la penalización de la demanda supone «un intento de avance en el sincretismo penalizador, la criminalización de la industria del sexo, la discriminación y el estigma» y consideran que se les priva «aún más» de derechos.
Ostracismo jurídico
«No podemos más que oponernos íntegramente al anteproyecto por su carácter netamente ideológico, la total ausencia de fundamentación, y sobre todo por profundizar en la estigmatización», explican las trabajadoras sexuales que aseguran que «no hay mayor vulnerabilidad que la derivada del ostracismo jurídico y la criminalización que se nos impone». Por ello, piden «leyes que legalicen el trabajo sexual».
«Esto no tiene nada de feminista», responde al sindicato por su parte Carol L., que se presenta a sí misma como «superviviente del sistema prostitucional». «Las mujeres prostituidas no llevan casas de citas, son los proxenetas, ponerse del lado de estos discursos me parece aberrante», asegura en un vídeo en el que defiende sancionar los prostíbulos ya que, en su opinión, una ley abolicionista «propone que sea el Estado el que se haga cargo de la vulnerabilidad de las mujeres y no a proxenetas que se lucran con nuestros cuerpos».
Una de las alegaciones presentadas por Oltra señala al colectivo trans como perjudicado. En este sentido, Lambda, asociación de defensa de los derechos LGTBI, defiende que es «un hecho que las mujeres trans se ven abocadas a ejercer el trabajo sexual por diferentes razones, entre ellas la transfobia», con dificultades en la escuela y el trabajo, por lo que piden «erradicar la trata sin estigmatizar» a quienes ejerzan la prostitución y defienden que multar a los puteros «termina repercutiendo en las trabajadoras sexuales».
