El debate sobre cómo legislar la prostitución, bien en busca de su abolición a través de la sanción o bien a través de una regulación que dé derechos a las mujeres prostituidas, va más allá del choque entre las conselleries que dirigen Mónica Oltra y Gabriela Bravo y también alcanza a entidades y colectivos. Y tiene su aterrizaje material en la modificación de la Ley de Espectáculos que plantea la Conselleria de Justicia para multar a clientes y locales donde se produzcan estas actividades.

Uno de ellos es el Front Abolicionista, una plataforma en la que se enmarcan una cincuentena de entidades feministas, y que este miércoles respondió con dureza contra las alegaciones presentadas por el departamento de Oltra hacia las propuestas de sanciones que propone Justicia. Una de sus portavoces, Concha Hurtado, aseguró que están "muy indignadas" con el texto de la Conselleria de Igualdad y exige al Botànic "coherencia con el compromiso abolicionista adquirido tras la aprobación de la PNL contra la explotación sexual" en las Corts en octubre de 2021.

Hurtado coincide con Oltra en que "uno de los pilares fundamentales son las ayudas públicas para que las mujeres vulnerables salgan de la prostitución", pero añade que junto a esto "el principal enemigo de la prostitución son las leyes y normas del Estado que sanciona su consumo". "El feminismo es desde hace 300 años abolicionista. Mientras exista la prostitución, no habrá igualdad posible", expresa al tiempo que aplaude la propuesta sancionadora.

Con quien tiene especial choque el Front Abolicionista es con el sindicato Otras de trabajadoras sexuales, a las que acusa de "comprar el discurso de los proxenetas". Esta organización también ha presentado alegaciones a la modificación de la Ley de Espectáculos y aseguran que la penalización de la demanda supone "un claro intento de avance en el sincretismo penalizador, la criminalización de la industria del sexo, la discriminación y el estigma" y consideran que así se les priva "aún más" de los "derechos más fundamentales".

"No podemos más que oponernos íntegramente al texto del anteproyecto de Modificación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, por su carácter netamente ideológico, la total ausencia de fundamentación que lo sostenga, y sobre todo por profundizar en la estigmatización de todo un colectivo", explican en su texto trabajadoras sexuales que aseguran que "no hay mayor vulnerabilidad que la derivada del ostracismo jurídico y la criminalización que se nos impone". Por ello, piden "leyes que legalicen el trabajo sexual".

"Esto no tiene nada de feminista", responde al colectivo por su parte Carol L., que se presenta a sí misma como "superviviente del sistema prostitucional". "Las mujeres en situaciones de prostitución no llevan casas de citas, son los proxenetas, ponerse del lado de estos discursos me parece aberrante", asegura en un vídeo en el que defiende sancionar los prostíbulos ya que, en su opinión, una ley abolicionista "propone que sea el Estado el que se haga cargo de la vulnerabilidad de las mujeres y no a proxenetas que se lucran sobre nuestros cuerpos".

Una de las alegaciones presentadas por Oltra señala al colectivo trans. "Sufren un desempleo del 85 %, y han de recurrir al trabajo sexual como única opción", señala el texto. En este sentido, Lambda, asociación de defensa de los derechos LGTBI, defiende que es "un hecho que las mujeres trans se ven abocadas a ejercer el trabajo sexual por diferentes razones, entre ellas la transfobia", que dificulta sus estudios por el acoso escolar y también su vida laboral, por lo que piden "erradicar la trata sin estigmatizar" a quienes ejerzan la prostitución y defienden que multar a los puteros "termina repercutiendo en las trabajadoras sexuales".