El tripartito ha reconducido sus discrepancias y rebaja la tensión de las últimas semanas con un acuerdo en las Corts, anunciado en el último minuto, para agilizar la instalación de energías renovables, sobre las que la Comunitat Valenciana acumula un importante retraso respecto a las directrices que marca la Unión Europa.
El acuerdo permite a los socios incluir modificaciones al macrodecreto delConsell de medidas contra la crisis generada por la invasión de Ucrania, en el que se integra también legislación sobre el desarrollo de las renovables. Lo harán a través de la próxima ley de Medidas Fiscales que acompañará a los presupuestos de la Generalitat de 2023, no antes.
Así, el decreto anticrisis del Consell queda validado con los mismos puntos que aprobó el Ejecutivo y los socios renuncian a tramitarlo como proyecto de ley, algo que los socialistas no deseaban y desde el ejecutivo tampoco se veía con muy buenos ojos.
Todos ceden en alguna parte. Compromís no tendrá la ley específica de soberanía energética que planteaba, los socialistas se obligan a incluir en la próxima ley de acompañamiento reivindicaciones de sus socios, alguna como el desarrollo de la Agencia de la Energía, que Unides Podem reclama desde hace años y a la que se sumó Compromís a partir del estallido de la crisis energética que ha disparado los precios. El Consell ya ha aprobado el anteproyecto para su creación.
La posición más complicada la tenía Compromís.En el grupo no existía una posición unánime y varios diputados ya habían exteriorizado su rechazo a algunas medidas que incluye el decreto, como las que que afectaban a la autonomía de los ayuntamientos en la toma de decisiones o rebajaban trámites con tal de facilitar la instalación de las renovables.
El acuerdo se ha hecho público este jueves, justo antes de la votación del decreto y al final el Botànic ha votado unido, como se esperaba. Lo contrario hubiera supuesto una crisis importante y un desgaste del pacto gobernante a un año de las elecciones.
El president de la Generalitat,Ximo Puig, ya había ofrecido un pacto por la soberanía energética a todos los partidos y esa es la senda que iban a seguir los socialistas y tanto la vicepresidenta, Mónica Oltra, como la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, habían defendido que preferían que el decreto se tramitara como está.
Así, las tres síndicas del Botànic, Ana Barceló (PSPV), Papi Robles (Compromís) y Pilar Lima (Unides Podem) junto a la adjunta, Estefanía Blanes, han anunciado el acuerdo para convalidar el decreto del Consell y renunciar a su tramitación como decreto de ley.
Antes de acabar la legislatura
En el acuerdo se incluye el desarrollo de la Agencia Valenciana de Energía, que entraría en funcionamiento antes de que acabe la legislatura y los socios se comprometen a realizar modificaciones del decreto, de carácter técnico, a través de enmiendas a la proposición de ley conocida como de Economía Circular, que se pretende tramitar antes del verano, una vez que ya tiene el marco de la ley estatal tras el rapapolvo del Consell Jurídic que obligó a dejar la norma autonómica en el cajón.
Comercialización de la energía
Entre las funciones que el Botànic pretende otorgar a la Agencia Valenciana de la Energía está la de crear o participar en sociedades mercantiles con el objetivo de comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia y gestionar la venta de excedentes energéticos de las instalaciones de autoconsumo.
Los socios también se comprometen al impulso de promociones públicas de generación de energías renovables y al fomento de las cooperativas de energía y comunidades energéticas locales como instrumento vertebrador de una transición energética «democrática», señalan.
Se establece una prelación de espacios para plantas de energías renovables, centrales fotovoltaicas y parque eólicos en zonas urbanas, industriales y suelos degradados o de nulo valor medioambiental. Otro de los puntos del acuerdo alude al establecimiento de mecanismos que permitan a los municipios participar en la planificación y ordenación de la implantación de energías renovables en su término.
El acuerdo recoge también que todo proceso de instalación de plantas fotovoltaicas o eólicas mayores de 10 megavatios en suelo no urbanizable exigirá un trámite de participación pública, de acuerdo con lo que establece el texto refundido de la Lotup. Su resultado será valorado teniendo en cuenta el grado de apoyo ciudadano que la propuesta tenga.
Y por último se incluye apoyo técnico y humano a los ayuntamientos de municipios pequeños que presentan insuficiencia de recursos materiales y humanos, para que puedan cumplir con las obligaciones y actuaciones que correspondan para dar cumplimiento a la aplicación de la normativa que se implante.
