No hay marcha atrás. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública no piensa retirar ni someter a un cambio sustancial el proyecto de modificación de la ley de Espectáculos para perseguir el consumo de prostitución. Fuentes del departamento de Gabriela Bravo (PSPV) responden con contundencia sobre el futuro de esta iniciativa, uno de los eslabones de la estrategia abolicionista que defienden las socialistas y que figura en una proposición no de ley que toda la izquierda representada en el Ejecutivo valenciano apoyó en una comisión en Corts en octubre pasado. La modificación ni se va a guardar en un cajón ni se va a diluir.
Eso es lo que ha pedido la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad, en manos de Mónica Oltra (Compromís). «No resulta apropiada la modificación de una ley de espectáculos públicos con el objetivo de abolir la prostitución», concluye el departamento en el extenso documento de alegaciones que ha presentado. Los argumentos han sido repetidos por la Conselleria de Economía, también dirigida por Compromís.
Los argumentos de Oltra frente a Bravo se pueden resumir en tres: se arroga funciones que son de Igualdad, las medidas punitivas abolicionistas no han funcionado en países donde se han puesto en práctica y además perjudican y «estigmatizan» a las más vulnerables, y, en tercer lugar, abolir la prostitución está fuera de las competencias autonómicas.
El próximo lunes finaliza el periodo de alegaciones y, a partir de ahí, Justicia ha de elaborar un informe justificativo y elevar ya, si lo considera, un documento definitivo de proyecto de modificación de la ley de espectáculos. La conselleria de Bravo, aseguran las fuentes consultadas, seguirá con sus planes a pesar de la dureza de las alegaciones de las conselleries de Compromís. Ni retirada ni cambio radical.
Es difícil si se tiene en cuenta que el socialismo valenciano es el gran abanderado del abolicionismo. Con el respaldo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero asumió el liderazgo de esta posición y logró que el PSOE acelerara en la abolición del comercio sexual en su 40 congreso, celebrado en València. Con ese bagaje, el PSPV tiene claro que está ante una línea roja con sus socios. Un asunto en el que no hay concesión posible.
El horizonte es complicado, por tanto, a la vista también de la contundencia de la postura expresada por el departamento de Oltra en sus alegaciones. De momento, el próximo paso formal corresponde a la conselleria de Bravo. Nada indica que vaya a ceder. Más bien, al contrario.
El Botànic tiene quizá un espejo donde mirar. La situación sobre la prostitución estaba enconada también en el Ayuntamiento de València por una moción de los socialistas para cambiar la ordenanza municipal (la van a presentar en la mayoría de municipios) y darle un sesgo abolicionista, que penalice a los consumidores de prostitución y a los locales que propician esta actividad. Al final, ha habido un acuerdo para perseguir a los puteros, pero junto a un plan de análisis, intervención y ayuda a las mujeres prostituidas, porque para Compromís hay que «ir a la raíz, a la demanda».
