Sancionar o no sancionar, prohibir o no prohibir, he ahí uno de los nudos gordianos que se enmarañan en el Consell en torno a cómo legislar sobre la prostitución. Mientras la Conselleria de Justicia defiende multar a los prostíbulos y los clientes, la vicepresidenta del Consell y responsable en Igualdad, Mónica Oltra, considera que las medidas "prohibicionistas suponen clandestinizar más aún a estas mujeres".

Las posturas son contrarias y, sin embargo, Oltra confía en un acuerdo con Bravo. "Siempre es posible", expresó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo autonómico, al tiempo que añadió que la situación actualmente es de "normalidad" con una conselleria que presenta una norma y el resto que proponen cambios. "No estamos en una tesitura de desacuerdo", aseguró, aunque las disparidades sean evidentes y de principios.

De momento, un resquicio de luz aparece como esperanza para ese pacto: el Ayuntamiento de València. En él, Compromís y PSPV han llegado a un acuerdo en torno a una moción de sello abolicionista que incluye sanciones a los clientes de la prostitución pero también un marco de ayudas e intervención social sobre las víctimas, las mujeres prostituidas.

"Precisamente va en esta línea", indicó la vicepresidenta en referencia de la ordenanza del cap i casal. Así, precisó que lo que hay que abolir "son las causas estructurales", para lo que se necesita "una legislación marco estatal que permita abordar la lucha contra la explotación sexual con eficacia y que sobre todo se trabaje desde un modelo que no obligue a prostituirse por causas de explotación. A partir de ahí se pueden plantear medidas concretas en cada municipio y cada comunidad autónoma". 

Esa es la filosofía que acompañará a unas normas concretas en una ordenanza nueva. Sin embargo, en sus explicaciones de defensa de la normativa de la capital del Turia, Oltra no hizo referencia a la posibilidad de sancionar que se ha pactado en el consistorio que dirige Compromís.