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Puig plantea convertir la Marina en un puerto autonómico y disolver el consorcio

Quiere asumir la bocana de acceso, independiente de la actividad comercial de Valenciaport

Yates y veleros atracados en la Marina de València, en una imagen de archivo. | M. A. MONTESINOS

La Generalitat quiere convertir la Marina de València en un puerto de gestión autonómica para dar una nueva vida a este espacio. Esa es la hoja de ruta anunciada ayer por el president Ximo Puig, que también avanzó que el Consell apoyará la propuesta del Ayuntamiento de València para disolver el Consorcio Valencia 2007, el organismo creado para transformar parte del recinto portuario con el fin de acoger la Copa América de vela y que en la actualidad es responsable de la gestión y explotación de La Marina de València.

Ximo Puig, en la reunión de trabajo de ayer con Arcadi España, Rebeca Torró y María Pérez. | LEVANTE-EMV

Puig se mostró «dispuesto a negociar» con el consistorio la creación de un nuevo consorcio para la gestión integral de la Marina tras la salida del Estado, si bien fuentes del Palau remarcan que la intención de la Generalitat es permanecer en la nueva estructura gestora.

Puig dio a conocer los planes de la Generalitat tras una reunión de trabajo celebrada ayer con el conseller de Hacienda, Arcadi España; la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró; y la secretaria autonómica de Obras Públicas, María Pérez, en la que se abordó la posición de la Generalitat sobre el futuro del Consorcio València 2007. Según informó la Generalitat, en la reunión se concretó el objetivo de que la Marina de València se convierta en un puerto autonómico integrado dentro de la red de puertos que ya gestiona el gobierno del Botànic.

Desde el Consell entienden que la Marina «reúne las condiciones» para formar parte de los Ports de la Generalitat, dado que posee una bocana de acceso propia y está completamente separada de la actividad comercial que se desarrolla en Valenciaport. Basándose en esa hoja de ruta, será hoy lunes cuando, en la reunión convocada por el presidente del Consorcio Valencia 2007, se apoyará la propuesta del Ayuntamiento de València para que se disuelva el consorcio, lo que implicará el nombramiento de liquidadores, y se solicitarán las auditorías pertinentes.

En cualquier caso, Puig expresó que la voluntad de la Generalitat es que las Administraciones que han estado en el consorcio (dividido entre el Gobierno de España (40 % ), Generalitat (40 %) y Ayuntamiento de València (20 %)) «participen de todo el proceso» de liquidación y de los resultados de la misma. Es decir, el Consell mantiene que en caso de que el resultado de esa liquidación arroje pasivos imprevistos el Estado asuma su parte.

Asimismo, la Generalitat se mostraba ayer «dispuesta a negociar» con el Ayuntamiento de València un nuevo consorcio para la «gestión integral de la Marina de Valencia».

Desde el Palau rechazaron hablar de porcentajes de participación por el momento, si bien remarcaron a este diario la firme intención del gobierno autonómico de permanecer en el organismo después de que el alcalde de València, Joan Ribó, apuntara el viernes su voluntad de que el consistorio se hiciera con la Marina sur.

Torró reemplaza a España

En este sentido, el Consell acordó el pasado viernes el nombramiento de la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, como vicepresidenta segunda de consejo rector del Consorcio Valencia 2007 en sustitución de Arcadi España, ahora conseller de Hacienda y Modelo Económico.

El Consorcio Valencia 2007 es el organismo conformado por las Administraciones local, autonómica y central creado para transformar parte del recinto portuario con el fin de acoger la America’s Cup y en la actualidad responsable de la gestión y explotación de La Marina.

La voluntad del consistorio es que este organismo se disuelva y que dé paso a una nueva entidad encargada también de este último fin. Esta situación se produce después de que el Gobierno central asumiera la mayor parte de la deuda contraída para ejecutar las obras que requería la celebración de la competición internacional de vela y atendiendo a los estatutos establecidos y al compromiso asumido por el Ejecutivo español a este respecto.

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