Explicaciones, el cese de las deportaciones sin garantías judiciales, una investigación internacional y la anulación de la condena a muerte de Mohamed Benhalima.
Es lo que reclaman varios europarlamentarios de la izquierda y los verdes en una carta dirigida hoy al ministro de Interior español, Fernando Grande Marlaska, sobre el caso del exmilitar argelino deportado a su país y condenado a muerte pese a que "Interior conocía los riesgos y vulnerabilidades del caso Benhalima si llegaba a producirse la expulsión definitiva".
Benhalima fue expulsado el 24 de marzo desde el CIE de València. Se trata de un ex militar argelino, disidente y activista político que llegó a España en 2019 como solicitante de asilo, ya que estaba perseguido y amenazado por denunciar la corrupción del ejército de su país.
El Gobierno rechazó dos veces su solicitud de protección internacional "contra el criterio de ACNUR y diversas oenegés ante el riesgo de que en Argelia fuese condenado a muerte por un tribunal militar, tal y como ha sucedido". Este diario entrevistó a Benhalima durante su estancia en Zapadores, desde donde también denunció que si volvía a Argelia le esperaría esta realidad.
El texto está firmado por europarlamentarios españoles, portugueses, alemanes y griegos. Y recuerda que "Benhalima tiene 32 años, 19 causas penales abiertas en Argelia y una condena a muerte por un tribunal militar de la que debería tener constancia el Ministerio de Interior al haberse producido en ausencia, cuando Benhalima se encontraba ya en España".
Para las entidades se trataba de un caso evidente de solicitante de protección por persecución política. Cuatro días antes de su deportación advirtió en un video grabado desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores que Argelia aplica la tortura y que su vida corría peligro si era extraditado allí. Además, existían otros casos similares como el de Mohamed Abdellah, deportado en agosto de 2021 desde el CIE de Zona Franca y víctima de torturas en su país.
Irregularidades en la expulsión
Los europarlamentarios afean que "son varias las irregularidades que se han cometido en este caso". Primero, utilizar el artículo 54.1 de la Ley de Extranjería "que implica la ausencia de garantías y control judicial". Desde que se le comunicó la orden de expulsión hasta que fue ejecutada "pasaron a penas dos horas y durante ese tiempo Benhalima fue privado de su móvil y de poder notificar la situación a su abogado", explican.
Por otro lado hablan de motivos políticos que justifican la deportación del exmilitar "ya que su expulsión se produce días después de que el gobierno español cambiase repentinamente de postura respecto al Sáhara. A este cambio, Argelia respondía que la confianza entre ambos países estaba gravemente dañada". Los europarlamentarios continúan y aseguran que "parece que la devolución de Benhalima tiene una motivación de apaciguar los ánimos con Argelia en unas relaciones que se habían deteriorado".
En el mismo avión que se deportó a Benhalima también iba un solicitante de asilo argelino que denunció torturas pero fue expulsado igualmente de manera rápida y desobedeciendo además un informe de la Audiencia Nacional que desaconsejaba la deportación. El órgano judicial, ante el "error de interpretación" de la dirección del CIE ha pedido que se le devuelva a España. Por el momento está a la espera de la documentación en la embajada.
El texto enviado a Marlaska recuerda que los cargos que pesan sobre Benhalima son, entre otros, "los de participación en un grupo terrorista y la publicación de noticias falsas que socavan la unidad nacional". Amnistía Internacional y otras organizaciones como Red Jurídica, la plataforma CIEs No, CEAR PV o CIHRS denunciaron que este tipo de cargos son "subjetivos" y usados por las autoridades argelinas para "criminalizar las libertades y la defensa de los Derechos Humanos.
El cargo que utilizó Interior fue la vinculación de Benhalima con la organización Rachad, considerada por Argelia como organización terrorista desde febrero, aunque "no tengan el uso de la violencia en su estrategia política", remarcan. Benhalima fue condenado a muerte el día 8 de mayo. Y aunque los europarlamentarios recuerdan que "desde 1993 no se ejecutan, lleva aparejada la cadena perpetua y la utilización de la tortura contra los condenados".
En el documento, los parlamentarios exigen "explicaciones" sobre las motivaciones del Gobierno para denegar el asilo a Benhalim, contra las directrices de asociaciones como Acnur. Piden también el cese de las deportaciones, sobre todo si se aplica el artículo 54.1 de la Ley de Extranjería, ya que "supone una vulneración de las garantías democráticas y judiciales". Demandan explicaciones sobre las irregularidades en todo el proceso de expulsión, en el cual "se denegó la comunicación con sus abogados y cuyos tiempos de deportación se ajustaron al máximo para evitar cualquier margen de maniobra".
En el plano internacional reclaman que se explique su situación actual en Argelia "de la que el gobierno español era consciente y no ha impedido su deportación". También una investigación internacional "que profundice en las vulneraciones de derechos humanos cometidas. Y por último la anulación de su condena a muerte.
