Si hasta ahora la modificación de la Ley de Espectáculos estaba centrada en los locales donde se ejerce la prostitución, la Conselleria de Justicia pone ahora su foco también en las carreteras, otro de los espacios a los que está adscrito el consumo de prostitución.
La responsable del departamento autonómico, Gabriela Bravo, ha anunciado este lunes durante su intervención en el Foro Feminista “Propuestas Ordenanza Prostitución” organizada por el área de Protecció Ciutadana del Ajuntament de València que ha pedido a la Conselleria de Obras Públicas, que dirige la también socialista Rebeca Torró, un cambio en la ley de carreteras para que se pueda sancionar tanto a los clientes que adquieran servicios sexuales así como a los proxenetas.
"Hemos solicitado a la Conselleria de Obras Públicas y Movilidad la necesidad de modificar la ley de carreteras autonómicas para perseguir al demandante y cualquier tipo de prostitución que se ejerza y obligue a las prostitutas que estén ahí", ha expresado Bravo quien ha añadido que con esta medida se quiere "proteger a las prostitutas".
La solicitud para modificar varios artículos de la Ley de Carreteras de la Comunitat Valenciana de 1991 de forma que se pueda sancionar con multas de hasta 15.000 euros a los clientes de prostitución que pretendan adquirir sexo de pago en las vías de titularidad autonómica. En este sentido, se considerará como una infracción grave que podrá ser sancionada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros “para poder establecer una sociedad libre de prostitución”.
La consellera ha explicado que la propuesta enviada a la Conselleria de Política Territorial se solicita la inclusión de un nuevo artículo al final del Título VIII de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohíba “la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”. Además, la propuesta añade que se debe establecer “un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”.
De esta forma, la propuesta de la Conselleria de Justicia incluye también la adición al artículo 41 de la ley de Carreteras un nuevo apartado que defina como infracción grave “solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artículo 2. En ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual.”
El objetivo es, por tanto, similar al que tiene la modificación de la Ley de Espectáculos o a las ordenanzas municipales propuestas por este departamento con sanciones económicas para desincentivar la demanda y en la que, insisten desde la conselleria, en ningún caso multar a las mujeres prostituidas. "Actuaremos en los prostíbulos, en las calles de los municipios y en las carreteras y en coordinación con fuerzas de seguridad para establecer la tolerancia cero con la prostitución", ha incidido.
En el caso de la Ley de Espectáculos el foco está puesto en los locales en los que, precisa la norma, se beneficien económicamente de la prostitución (con el alquiler de habitaciones, por ejemplo) así como aquellas personas que hagan publicidad. Por su parte, en las ordenanzas municipales presentadas ya en 400 ayuntamientos (falta que se aprueben) se prevé multas a los clientes.
A esto se añade el debate en el Congreso con la modificación del Código Penal que también pretende sancionar a los clientes (con hasta tres años de prisión en caso de que se den condiciones de vulnerabilidad de la mujer prostituida como ser menor de edad).
