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La instrucción podría prolongarse meses tras la declaración de la vicepresidenta

Los magistrados del TSJCV apuntan que también podrían investigar un delito de malversación impropia por el encargo de un informe sobre la menor al Instituto Espill

Sede provisional del TSJCV en la calle Historiador Chabás, en Ciutat Vella. FERNANDO BUSTAMANTE

La primera decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para investigar la actuación de la Conselleria de Igualdad en el caso de los abusos sexuales de un monitor, marido de la consellera Mónica Oltra en el momento de los hechos, a una menor tutelada por la Generalitat ha sido citar a declarar a la vicepresidenta del Consell el próximo 6 de julio. Será una cita crucial a la que seguirán otros pasos judiciales. Por ejemplo, analizar las alegaciones de los trece funcionarios y trabajadores del centro de menores investigados que han vuelto a solicitar el sobreseimiento de la causa ante el Alto Tribunal valenciano. Una petición que el TSJCV considera que ahora "se deberá obviar" porque en el actual momento procesal únicamente se dirime si la sala de lo civil y lo penal es competente para instruir "y en su caso enjuiciar unos hechos ante la presencia de una persona aforada". De ahí que a fecha de hoy los tres magistrados del TSJCV consideran que "no nos corresponde en este trámite entrar a valorar si ha sido correcta la atribución del estatuto del investigado a ciertas personas o no".

Aunque una vez incoadas las diligencias previas para imputar a la vicepresidenta Mónica Oltra y asumir el resto de la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción 15, el TSJCV "emplaza a las partes a que reproduzcan su petición de sobreseimiento de la causa y su consecuente archivo" para "valorar adecuadamente hasta qué punto existen indicios suficientes que justifiquen su inculpación". Una posibilidad que augura un verano de vía crucis judicial a los catorce imputados en esta causa. Será el instructor de la causa, el magistrado del TSJCV, Antonio Ferrer, el que decida si vuelve a citar a los 13 funcionarios, que ya declararon ante el Juzgado de Instrucción 15, o le basta con estas comparecencias.

Por último, tanto las acusaciones como las defensas pueden solicitar la práctica de más diligencias, como en cualquier instrucción judicial, lo que extenderá la causa al próximo otoño. De hecho, además de los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos apuntados por la Fiscalía Superior, el TSJCV apunta en el auto notificado ayer que también podrían investigarse en esta causa el presunto delito de malversación impropia en relación al informe sobre la menor encargado al Instituto Espill. "En la medida que han podido implicar un uso indebido de recursos públicos con fines particulares", señalan los magistrados. Un argumento que han apuntado las acusaciones particular (de la menor que sufrió los abusos) y la asociación Gobiernate que ejerce la acusación popular.

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