La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa contra el alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, la ex teniente de alcalde de Ciudadanos, Purificación Lluch Sanz actualmente en la oposición, el interventor y la arquitecta municipal por un presunto delito de prevaricación en la compra de un solar en esta localidad de la Costera para albergar un centro de día. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Xátiva dictó a mediados de mayo un auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral, contra los dos políticos y los dos funcionarios, tras ser corregida por la sección tercera de la Audiencia de València, en un recurso que presentó el Partido Popular, que anuló el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Instrucción 3 de Xàtiva el 7 de diciembre de 2021, "por falta de motivación".
El Ministerio Público, en un escrito al que ha tenido acceso Levante-EMV, se adhiere a las peticiones de archivo planteadas en los recursos de reforma (ante el propio Juzgado de Instrucción 4) presentados por el alcalde y la exteniente de alcalde de de la Font de la Figuera, el interventor y la arquitecta. Y alega la Fiscalía que "tal como afirman las partes apelantes, el cambio de criterio de la instructora sin haber mediado ninguna diligencia de prueba, ni concurrir elemento alguno, no deja de adolecer de falta de coherencia". Y añade que el juzgado "contraria su decisión previa, sin justificación alguna" al reabrir la causa cuando en diciembre de 2021 la archivó "por la constatación de una carencia total de consistencia de los indicios".
La Fiscalía recuerda además que desde el 30 de septiembre de 2021 ya ha manifestado su posición en este caso en el que no se opone al archivo de las actuaciones, dado que finalmente se procedió a la compraventa del solar en virtud de escritura de compraventa de fecha de 19 de enero de 2020". Y señala en su escrito que "para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas, incluso aunque pudieran dar lugar a la nulidad de pleno derecho, y las conductas constitutivas de infracción penal". Por ello, "no toda nulidad de pleno derecho supone una prevaricación. Es necesario que exista arbitrariedad en la actuación administrativa".
El origen del caso se encuentra en el recurso contencioso-administrativo que presentó la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la Font de la Figuera, María José Penadés Ballester, contra la compra directa por el Ayuntamiento de la Font de la Figuera de un solar para construir el centro de día del municipio. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de València declaró nula la decisión de la junta de gobierno local de la Font de la Figuera de la compra del bien inmueble mediante adjudicación directa, además de condenar a costas al consistorio fontí. El magistrado que dictó sentencia consideró probado que «el Ayuntamiento de la Font de la Figuera optó, sin acreditar la existencia de causa de urgencia alguna para ello, ni motivarla suficientemente, por restringir la competencia y optar por el régimen de adquisición directa de un bien inmueble, abonando un precio notoriamente superior al fijado como el de valor real del inmueble». Inicialmente el precio del solar se fijó en 69.694,40 euros aunque se acabó pagando 75.000 euros. Los propietarios del solar que adquirió el Ayuntamiento de la Font de la Figuera son suegros del concejal del PSPV, Mariano Ferriz Sanjuan, y "vecinos de escalera" del alcalde. Se acusaba a los cuatro investigados de un delito de prevaricación.
