La Fiscalía de València no tuvo su primer fiscal Anticorrupción hasta el año 2006 porque, a pesar de la insistencia del primer delegado especial contra la Corrupción desde 1995 hasta 2003, Carlos Jiménez Villarejo, se consideraba que la figura no era necesaria en València porque "me decían que la corrupción no era un problema". Jiménez Villarejo ha revelado este detalle a Levante-EMV durante su visita a València para participar en un acto organizado por la Agencia Antifraude para conmemorar el Día mundial de las personas alertadoras de la corrupción. El primer Fiscal Anticorrupción de la Justicia Española también ha presentado el tercer volumen de sus memorias "Corrupción y fraude" (Utopía Libros), en un acto en el que ha estado acompañado por Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude; Carlos Granados, el Fiscal General del Estado que nombró a Jiménez Villarejo primer delegado de Anticorrupción y actual director de la Oficina Anticorrupción de Madrid, y la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert. También ha asistido al acto la consellera de Justicia, Gabriel Bravo.

Joan Llinares ha recordado que el acto suponía un "merecido homenaje al primer Fiscal Anticorrupción de España". Y ha reivindicado de nuevo la necesidad de que la legislación española incorpore la directiva de protección a las personas denunciantes de causas de corrupción, que debería haberse traspuesto a las leyes españolas el pasado mes de diciembre. "No tendremos una protección completa [que en la Comunitat Valenciana ya aplica la Agencia Antifraude] hasta que no se transponga esta directiva. Es una piedra angular de cualquier sistema eficaz de lucha contra la corrupción".

Carlos Granados ha recordado que Jiménez Villarejo fue su "única opción" para ser elegido el primer Fiscal Anticorrupción de España "porque era el más idóneo por su inteligencia, conocimientos y experiencia en la jefatura". Granados también ha desvelado una anécdota del primer convenio que el Ministerio de Justicia iba a firmar con el de Economía en 1995 para que los funcionarios de la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del estado (Igae) se incorporaran a unidades de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción. Se intentó descafeinar el texto del convenio y Granados logró que no se cambiara tras amenazar con no asistir a la rueda de prensa, pocas horas antes de que se celebrara.

Granados también tuvo que vencer las reticencias del ministro de Justicia en octubre de 1995, (Juan Alberto Belloch) para nombrar a Jiménez Villarejo primer fiscal Anticorrupción, según desveló este último. "El Gobierno no iba a nombrarme porque había sectores que no lo veían claro. Pero todo eso se obvió porque hubo un Fiscal General del Estado [Carlos Granados] que se mantuvo en su sitio y les dijo: 'Si no nombráis a Jiménez Villarejo, yo dimito al día siguiente".

Por su parte, tanto Teresa Gisbert como Gabriela Bravo reconocieron públicamente la influencia de Jiménez Villarejo en sus carreras. "Miguel Miravet (teniente Fiscal de la Fiscalía del TSJ) y Carlos Jiménez Villarejo han sido mis dos referentes en la carrera fiscal por lo que representaban y su forma de actuar. Ser fiscal es mucho más que acusar. También puede ser el bueno de la película. Gracias a ellos concibo la figura del Fiscal como servicio público y que podemos actuar de manera distinta como fiscales para construir un futuro mejor y proteger a las personas más vulnerables", aseguró Teresa Gisbert.

Para Gabriela Bravo Miravet y Jiménez Villarejo "nos marcásteis el camino. Vuestros valores impregnaron nuestro sentido del deber y lo que queríamos hacer de la vida en el Ministerio Fiscal". Bravo también recordó que en 2002 "se cambió la ley para apartarte porque habías puesto a este país en jaque con el tema de la corrupción. Desde mi pequeño ámbito autonomico quiero agradecerte todo el trabajo, lo que significaste y los valores que nos trasladaste", destacó la titular de Justicia. 

En su intervención, el primer Fiscal Anticorrupción de la justicia española, Carlos Jiménez Villarejo, criticó que el Código Penal aún no incluya el enriquecimiento ilícito de políticos. "Me sorprende que el precepto de la Convención internacional contra la corrupción de las Naciones Unidas que establece como norma básica la sanción penal al enriquecimiento ilícito de altos cargos, funcionarios o políticos de un sistema democrático aún no se haya incorporado a la legislación española. España ratificó con tres años de retraso, en 2006, la convención aprobada en 2003. Llevamos muchos años y ese precepto aún está pendiente, a pesar de que es un elemento clave para garantizar la lucha contra la corrupción".

Jiménez Villarejo también abogó por eliminar el artículo 305 del Código Penal que permite las regulaciones tributarias para evitar la impunidad de un personaje que todos hemos visto (aseguró en referencia a las investigaciones por delito fiscal al rey emérito). Ya esta bien de conceder beneficios a quienes delinquen".