El desarrollo y progreso socioeconómico, así como la eficiencia en el uso de los recursos, la mejora transversal de la competitividad o el abordaje multidisciplinar de la emergencia climática solo es posible a través de la ciencia y, además, dichos preceptos constituyen los ejes fundamentales sobre los que se asientan los fondos Next Generation, un ambicioso plan europeo de recuperación económica que, en su objetivo de «sentar las bases para una Europa moderna y más sostenible», inyectará 140.000 millones de euros en España, de los cuales la Comunitat Valenciana ya se ha beneficiado de 1.694 millones de euros.

Están considerados «motor del tejido empresarial» de la autonomía, pero cuál será su capacidad de estimulación del sector científico e innovador es, según pudo extraerse del encuentro «Ací Europa. Un sistema nacional de ciencia e innovación», una incógnita.

'Las empresas con mayor valor añadido ofrecen mejores salarios y, de este modo, aumenta el PIB per cápita'

Organizado por Levante-EMV con la colaboración del Grupo Simetría y Valenciaport, el foro contó con la participación de un destacado elenco de expertos que, pese a manifestar ciertas reservas respecto a la traslación de la ya citada partida presupuestaria europea, defendieron una postura optimista.

Así, en la mesa de debate, que fue moderada por el periodista Julio Monreal, intervinieron Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación; Arturo León, presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana; Ana Cruz García, directora de la Oficina Europea de la Universitat Politécnica de València (UPV); Ángela Pérez, CEO de Imegen y Premio Rey Jaume I 2022 en la categoría de Emprendedores; y Antonio Torregrosa, director general de la Fundación Valenciaport.

Andrés García, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Miguel Ángel Montesinos

Tres deficiencias acusadas

La falta de un diagnóstico preciso de los condicionantes sociales y económicos de la Comunitat Valenciana, así como de capacidad de retención de talento y, por último, la necesidad de establecer sinergias son las tres grandes deficiencias que acusa el tejido productivo del territorio que, de no revertirse, podrían condicionar su desarrollo. 

Respecto al primer desafío, García Reche admitió su «complejidad» y alegó, en este sentido, una «mediocridad en términos económicos» basada en una insuficiencia en la inversión de I+D —que tildó de «la vergüenza de los países desarrollados»— y la inutilización del recurso generado.

«El sistema de innovación estatal no ha funcionado nunca, la conexión entre el ámbito del conocimiento y la esfera de la producción es deficiente. En el mundo empresarial el lenguaje científico no se entiende», admitió.

Ana Cruz García, directora de la Oficina Europea de la Universitat Politécnica de València. Miguel Ángel Montesinos

Como alternativa a esta paradoja, defendió que las empresas con mayor valor añadido —desarrollo de proyectos innovadores y conocimiento incorporado— ofrecen mejores salarios a su personal y, de este modo, aumenta el PIB per cápita.

En esta línea, Arturo León incorporó una cuarta variable a la ecuación: la cultura.

«La gente no está dispuesta a salir a la calle para reivindicar la ciencia porque es etérea y, realmente, necesitamos adhesiones. Imagino que los gobernantes actúan en función a un esquema de prioridades en el que la comunidad científica nunca ocupa los primeros puestos. La gente no entiende porque nadie les ha explicado que la transferencia de conocimiento en forma de bienes y servicios implica una mayor remuneración y genera riqueza», expuso, «los valores sociales están alejados de la ciencia y falta mucha visibilización».

'No existe un diagnóstico preciso de los condicionantes socioeconómicos'

Andrés García - Vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación

Para ello, la implicación de las universidades, por su capacidad de crear nuevos instrumentos formativos, desempeña una función determinante.

En este sentido, la directora de la Oficina Europea de la UPV reivindicó que desde el centro universitario se aboga por visiones estratégicas y no por oportunidades puntuales.

Ejemplo de ello es el programa UPV Innovación, un foro en el que se estudian las posibilidades de transformación desde un ecosistema coordinado.

No obstante, se mostró tajante al afirmar que los proyectos innovadores españoles han sido, en su mayoría, «tan pequeños» que carecían de capacidad transformadora.

Antonio Torregrosa, director general de la Fundación Valenciaport. Miguel Ángel Montesinos

«Ni hemos tenido el nivel de ambición suficiente ni la Administración ha explotado su poder transformador como tractor de la innovación».

Un punto que suscitó debate entre los diferentes ponentes pues, en contraposición, Andrés García alejó el discurso de los grandes proyectos y vindicó como «esencial» la definición de estrategias para movilizar la capacidad tecnológica de las empresas puestas al servicio de las necesidades imperantes.

Y es que, destacó León, en un contexto en el que aproximadamente el 90 % del tejido empresarial responde a microempresas, «el reto es gigantesco».

Así, la retención de talento se configura como la segunda deficiencia acusada de las ya citadas previamente, una realidad sobre la que el presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana afirmó que conlleva una «deseconomía brutal».

'Ni hay ambición suficiente ni la Administración ha explotado su poder transformador'

Ana Cruz García - Directora de la Oficina Europea de la Universitat Politécnica de València

«Formamos gente que siempre se nos acaba yendo», lamentó Torregrosa, «desconozco los mecanismos públicos de retorno de talento, pero desde el ámbito privado no desfallecemos».

De este modo, manifestó que desde la Fundación Valenciaport priorizan la gobernanza con las empresas y que, además, han creado con éxito su propia Estrategia de Innovación Abierta.

Los datos corroboran el esfuerzo, pues en los últimos años desde la entidad que preside se han destinado más de 50 millones de euros a proyectos innovadores.

Más crítica se mostró Ángela Pérez, quien denunció que «generamos talento, más del que podemos retener». «Esas personas tienen dos alternativas: el sector público —empobrecido— o el mundo empresarial —falta de cultura innovadora—», esgrimió.

Ángela Pérez, CEO de Imegen y Premio Rey Jaume I 2022 en la categoría de Emprendedores. Miguel Ángel Montesinos

Su experiencia de éxito está basada, como confesó, en el diseño de un plan de negocio alternativo que apostó por empresas valencianas, pues el territorio autonómico concentra el 25 % de la producción genómica del país, que es su campo de especialización.

También quiso romper una lanza a favor de las startups, «auténticas fábricas de innovación». «Lo que nos falta son procesos intermedios de traslación de recursos, una estructura sistemática que aúne discursos y casos de problema y solución», expresó.

Para revertir esta pérdida continuada de talento, León estableció la necesidad de ofrecer puestos de trabajo que permitan que las personas puedan regresar a la Comunitat Valenciana y perfiló la estrategia de compra pública como solución, pues «garantiza la demanda permanente que permite desarrollar la industria».

'Trabajamos el sistema de gobernanza con las empresas para retener el talento'

Antonio Torregrosa - Director general de la Fundación Valenciaport

Respecto a la tercera gran problemática del desarrollo científico e innovador, la CEO de Imegen valoró positivamente la llegada de los fondos Next Generation pues, en su opinión, «deberán crearse consorcios para gestionar esos grandes importes».

«Por primera vez, muchos agentes tendremos que ponernos de acuerdo para consolidar los mejores consorcios. Para mí, la oportunidad que generan estos fondos es que permiten crear soluciones consensuadas que sí serán transformadoras», expresó.

Inversión y transformación

Establecidas las deficiencias del sistema, los y las expertas valoraron la capacidad de los fondos Next Generation para impulsar el sector científico e innovador no solo valenciano, sino también estatal.

Pese a reconocer su capacidad catalizadora, mostraron reticencias respecto a la gestión de los recursos.

«Lo que se nos dice es que los proyectos empezarán a moverse a partir de 2023, pero esto no puede convertirse en un reparto indiscriminado de dinero, lo que se haga debe ser transformador y, si no, no se hará», afirmó León.

Por su parte, Torregrosa destacó que «la transformación de un modelo productivo de un día para otro porque hay una lluvia de millones de euros lleva a error».

En su opinión, «no se ha sometido a un proceso particularmente abierto de debate la gestión de los fondos», pero aseguró que «ayudarán a acometer los planes y proyectos ya establecidos».

Para García Reche, los fondos europeos son un «hallazgo extraordinario», pero valoró que esa traslación de dinero a los estados hubiese sido más «óptima» si estos hubieran tenido un «sistema de gobernanza alineado con los planes de innovación regionales. Nosotros, en la AVI, llevamos adelante 100 Pertes sin esperar a los fondos europeos».

'Los fondos Next Generation permiten crear soluciones consensuadas y transformadoras'

Ángela Pérez - CEO de Imegen y Premio Rey Jaume I 2022 en la categoría de Emprendedores

A su vez, auguró que los Next Generation deberían orientarse al sector agroalimentario, «clave para definir el futuro».

Cruz García planteó, además de lo ya establecido por su homólogos, la transformación que persigue la partida presupuestaria europea desde la revisión del propio tejido autonómico y no necesariamente desde la creación de otros nuevos.

«Podría pasar que perdiéramos la oportunidad que generan los fondos Next Generation, pero no creo que sea así. Lo que me preocupa es el tiempo, que haya mucho dinero y, en un punto determinado, deje de haberlo. Estos cambios bruscos desestabilizan cualquier sistema», lamentó.

Ley de Ciencia e Innovación

El pleno del Congreso ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se reforma la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dota de más recursos, derechos y estabilidad al personal de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Según el Gobierno, la ley cumple con las demandas de la comunidad científica: dignificar las condiciones de trabajo de los y las investigadoras y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+i.

El texto incorpora el compromiso por ley de alcanzar una financiación pública en I+D+i del 1,25 % del PIB en 2030 que, con el apoyo del sector privado, permitirá llegar al 3 % que establece la Unión Europea.

Arturo León, presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana. Miguel Ángel Montesinos

A este respecto, el discurso fue unánime: la norma convence. Pese a ello, Arturo León puntualizó que la ley «no garantiza, como tal, una estabilidad para los investigadores», aunque sí aplaudió su alineamiento con los objetivos de la Agenda 2030 y su vocación de refuerzo del sector científico.

García Reche, por su parte, mostró una actitud más eufórica y afirmó que «ya era hora de abordar una ley específicamente centrada en la ciencia», pese a desconocer «cómo se trasladará la norma».

'La transferencia del conocimiento implica una mayor remuneración y genera riqueza'

Arturo León - Presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana

Posturas similares defendieron las ponentes Pérez y Cruz, que esgrimieron que «cualquier avance será siempre bienvenido».

«Se ha dado un primer paso, espero que se den muchos más», manifestó la CEO de Imegen, mientras que la directora de la Oficina Europea de la UPV estableció que «profundiza y da mecanismos para la coordinación entre diferentes agentes vinculados a la investigación, que de por sí es muy interesante».

Además, incidió en que la nueva ley plantea contratos posdoctorales en los que también se contempla la transferencia.

Por último, Antonio Torregrosa afirmó que la norma «pone objetivos numéricos de inversión pública y privada» y valoró, como su compañera Cruz García, «el factor de la transferencia».