Poder elegir cuál va a ser tu último día debe ser, quizá, la decisión más difícil de tu vida. Puede que también la más liberadora cuando lo que estás viviendo para ti, ya no es vida. La ley que regula el derecho a la eutanasia (la "buena muerte" según los griegos) cumple hoy un año y ha hecho posible que 20 valencianos con una enfermedad grave e incurable recibieran autorización para decidir cuál iba a ser su último día y terminar con su sufrimiento "intolerable" según les reconoce la ley.
Según las últimas cifras actualizadas de la Conselleria de Sanidad, en estos 12 meses de derecho de eutanasia, los centros sanitarios valencianos han recibido 25 solicitudes (16 en la provincia de Valencia y 9 en Alicante) para practicar una muerte asistida pero solo 20 salieron adelante. Cinco fueron rechazadas porque no cumplían con esos requisitos estrictos que prevé la norma, muy garantista y que establece varios hitos de control externos durante el proceso.
De la veintena de autorizaciones, solo 14 se han hecho efectivas hasta ahora, 180 en toda España según la cifra actualizada del Ministerio de Sanidad. La primera en la C. Valenciana fue la de una mujer con esclerosis múltiple en el Hospital San Juan de Alicante. En diciembre se conocía el caso de María, una vecina de València con atrofia multisistémica, una enfermedad neurodegenerativa sin cura, que quiso contar su decisión y cómo fue su final, en el hospital Clínico de València para poder donar sus órganos y rodeada de su familia.
La decimoquinta autorizada está pendiente de realizarse. En otros dos casos, los solicitantes desistieron en el último momento a ejercer su derecho (algo que la ley también prevé) y en tres ocasiones, las personas que habían solicitado la eutanasia no pudieron llegar a ejercer su derecho a decidir. La muerte llegó antes y todo pese a que los plazos establecidos en la norma parece que se están cumpliendo.
"Se está funcionando bien"
"En este año nos han llegado quejas de personas con dificultades para iniciar el proceso, un retraso que achacamos a la falta de información y de formación de los profesionales, pero una vez el proceso se inicia, consideramos que se está funcionando correctamente en la Comunitat Valenciana", concedía ayer Mª José Alemany, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en la C. Valenciana (DMD-CV). En cabeza y como "modelo" estarían Cataluña, País Vasco o Navarra, a juicio de la organización. Donde más problemas se están planteando, "en Madrid o Andalucía, donde es una odisea", mantienen desde DMD, donde aseguran que la aplicación de la ley está siendo "desigual" en España.
Una vez se inicia el proceso (ante cualquier profesional médico), se tienen que cumplir con unos plazos concretos: presentar dos peticiones por escrito separadas al menos por 15 días naturales entre ambas y que estas sean verificadas por una comisión de garantía y evaluación autonómica de la que forman parte un equipo multidisciplinar entre los que hay personal médico, de enfermería y juristas.
"Se está funcionando correctamente pero es un proceso largo. ¡Qué duro tiene que ser haberlo solicitado y morir antes!"
En total y según Alemany, el proceso puede alargarse "hasta los 45 días", demasiado a juicio de la asociación. "Entendemos que se está funcionando correctamente pero es un proceso largo. ¡Qué duro tiene que ser haber solicitado la eutanasia y no poder ejercerla porque mueres antes! Esperemos que cuando los engranajes estén del todo engrasados consigamos que todo vaya más rápido y, tal como prevé la ley, si hay unas voluntades anticipadas firmadas, por ejemplo, se aceleren los tiempos y se evite que haya más casos como esos tres", demandaba Alemany.
La asociación no tiene acceso a datos concretos de cada caso, y la administración tampoco los facilita pero según explican, la mayor parte de personas que han ejercido su derecho han optado por la opción del suicidio asistido: que un equipo de profesionales sanitarios les administrara directamente una sustancia aunque existe la posibilidad de que los médicos prescriban y suministren la sustancia para que la persona se la pueda tomar cuando ella decida.
176 profesionales objetores
Desde la asociación, las únicas quejas que plantean un año después de haber conseguido este hito histórico es la falta de "información a la ciudadanía y de formación a los profesionales", además de la falta de transparencia que está mostrando la administración. "Tenemos problemas para acceder a los datos cuando en otras autonomías no es así. De hecho, solo sabemos que en octubre de 2021 había 176 profesionales sanitarios que han firmado su objeción a hacer eutanasias pero no tenemos actualización del dato", explicaba la presidenta.
Aún sin actualización la cifra es anecdótica teniendo en cuenta que solo en la sanidad pública valenciana hay 70.000 trabajadores y que el proceso se puede solicitar también en centros privados.
