La ley trans y LGTBI estatal ya es un proyecto de ley tras volver al Consejo de Ministros del que salió hace un año y ser aprobado. Empieza así el trámite parlamentario de una propuesta que incluye la despatologización de las personas trans a través de la autodeterminación de género o la prohibición de las terapias de conversión. Dos normas que ya incluía la ley trans autonómica, aprobada en 2017 y que ha servido como referencia en parte para sacar adelante este texto estatal.

Varias voces del colectivo celebran que esta ley "completa" la estatal ya que rellena todas las competencias que no eran autonómicas. La ley valenciana, una de las más avanzadas, ya contemplaba la autodeterminación de género a través de un carnet autonómico que facilitara los trámites, sin necesidad de hormonación ni diagnósticos de disforia, algo que recoge ahora la norma estatal.

Antes, con la ley de 2007, era necesario dos años en hormonas y un diagnóstico medio para cambiar el sexo en el registro. Fran Fernández, coordinador de la asociación Lambda se muestra sorprendido por los debates generados en torno a esta ley cuando "en cinco años de ley trans valenciana no se ha borrado a nadie".

Por otro lado, rechaza las críticas al reglamento desde parte de sectores conservadores alegando que puede ser utilizado por hombres que quieran esquivar condenas de violencia de género (algo que la propia ley ya prevee para que no ocurra).

"Lo que están diciendo es que, como alguien puede hacer mal uso de la ley la quitamos para todos. Pero eso es un riesgo que existe en cualquier ley. Es como si dices que como hay personas que pueden hacer un mal uso de las becas de estudio hay que quitarlas para todo el mundo. Lo que decimos nosotros es que si hay una sospecha la ley se blinde para nunca retroceder en derechos".

La ley estatal, una vez se apruebe, para lo que le queda aún recorrido parlamentario, significaría rellenar las parcelas a las que no llega la normativa autonómica. "El DNI es una competencia estatal y como autonomía no podíamos tocarlo, esta ley significa la despatologización de verdad", cuenta Fernández.

Además, reivindica que "será un salto en derechos enorme para un montón de personas que vivan en autonomías sin legislación propia y con gobierno de derecha o donde conviva la derecha con la extrema derecha y hasta ahora no tienen ningún tipo de protección", remarca.

La ley valenciana, aprobada en 2017, también recogía una realidad que no ha llegado al plano estatal hasta cinco años más tarde: la persecución de las terapias de reconversión. "Es algo que ya estaba asumido que no era ético en pleno siglo XXI, pero el hecho de que sigan existiendo seguía siendo vergonzoso, así que la prohibición es positiva, sobre todo cuando seguíamos viendo perfiles de psicólogos titulados trabajando o ayudando a este tipo de asociaciones que ven a los homosexuales y transexuales como enfermos que hay que curar", dice Montoro.

El borrador de la ley contempla la autodeterminación de género a partir de los 12 años. De esa edad hasta los 14 deberá ser necesaria una autorización judicial y se recabarán todas las pruebas necesarias, de 14 a 16 será posible con la autorización paterna, y a partir de los 16 la persona tendrá la capacidad de decidir plena.

Para Guillem Montoro, miembro del Consell Consultiu Trans y militante de Compromís, "este es un paso fundamental, porque significa dejar de considerar enfermas a personas que no lo están. Dejar de catalogar la identidad de género como una enfermedad mental, que es lo que la legislación tendría que haber recogido desde hace muchos año", explica.

Para Fernández, la ley se queda coja en el reconocimiento de los menores trans. "Si tengo diez años, mi familia me apoya y todos mis conocidos y compañeros de clase y profesores me llaman por mi nuevo nombre ¿Por qué no voy a poder cambiar? No entendemos por qué la edad debe ser un impedimento y podríamos regularla", explica.

Otra de las grandes críticas es la exclusión del texto de las personas no binarias. "Hace que no la sintamos como éxito total, porque hay países en Europa que ya tienen una tercera casilla de sexo en sus documentos y entendemos que no había riesgo", dice Fernández.

Filiación de parejas de mujeres

Montoro alaga otro de los aspectos que contempla la ley estatal y repercutirán para bien en el plano autonómico como es la filiación de los hijos de parejas de mujeres sin necesidad de que estas estén casadas. También celebra que se incida en las medidas para la inclusión laboral porque "somos uno de los colectivos con más paro y discriminación laboral".

Otro de los puntos de incorporación a última hora de la ley y sobre los que la C. Valenciana no tenía competencia es el reconocimiento de las personas trans migrantes. "Esto significa mucho porque son personas que han tenido que huir de sus países precisamente por su identidad de género, y su estado jamás va a consentir un cambio de documentos, por eso España tenía el deber de darles protección". La ley recoge el cambio de nombre y sexo en todos los documentos de expedición nacional.