La Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), la fuerza valenciana de atención rápida ante las emergencias al estilo de la UME del Ejército, empezará a tomar forma tras el verano. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado esta tarde en las Corts que el decreto del Consell se aprobará a finales de septiembre o principios de octubre. La iniciativa nace de la experiencia vivida en distintos tipos de emergencias, muchas de ellas producidas por el impacto del cambio climático, como la Dana o Gloria, o también con actuaciones durante la covid. Es una herramienta integral para dar respuesta a las emergencias, ha asegurado Bravo. La titular de Justicia asegura que la UVE hará que la Comunitat Valenciana sea un territorio más seguro ya que tendrá una unidad capaz de dar una respuesta más rápida más ágil y coordinada ante las emergencias que ahora.
La UVE nace con el espíritu de ser un instrumento que acelere la respuesta ante una crisis de gran magnitud y atienda las situaciones de emergencias mejorando la capacidad de respuesta ágil e integral, señala. Es una unidad de intervención y coordinación de carácter público y ámbito autonómico para intervenir en los supuestos de grave riesgo, catástrofe y otras necesidades públicas.
La UVE integrará todos los recursos de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias bajo una sola dirección y denominación. La unidad tomará como base la estructura de la SGISE, formada por bomberos y bomberas forestales de la Generalitat, “que han demostrado una notable capacidad de trabajo y una gran versatilidad durante la pandemia”.
Además, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado este miércoles que, gracias al Plan de Infraestructuras Judiciales, la Generalitat ha intervenido de manera directa en una de cada cuatro sedes judiciales y ha llevado a cabo actuaciones en materia de eficiencia energética en el 70 por ciento del parque judicial valenciano.
En la Comisión de Justicia en Les Corts valencianas, Bravo ha detallado el plan integral de infraestructuras judiciales con cuatro líneas de actuación: construcción de nuevas sedes, reformas integrales de otras, ejecución de programas de eficiencia energética y mejoras de mantenimiento y seguridad. Este plan, tal y como ha señalado, se construye sobre los principios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad, sostenibilidad y confort.
Este plan de infraestructuras nació con una dotación presupuestaria de 213 millones de euros, que se han aumentado hasta alcanzar los 271,4 millones de euros actuales. Se trata del mayor esfuerzo inversor en esta materia de la historia. Se distribuyen de la siguiente manera: 216,8 millones para construir nuevos edificios o para rehabilitaciones integrales; 22,4 millones para adecuar espacios; 20,2 millones para eficiencia energética; 10 millones para seguridad y mantenimiento; 8,1 millones para adecuación y ampliación de archivos judiciales; y 878.000 euros para garantizar la accesibilidad.
Del total de la inversión prevista, en estos momentos hay inversiones en marcha por valor de 220 millones de euros. De hecho, solo la construcción de cuatro de los nuevos edificios judiciales (Alicante, Alzira, Gandía y Llíria) y la rehabilitación del TSJ suponen más de 164 millones de euros, el 87 por ciento de la inversión programada en el Plan de Infraestructuras.
Ahora mismo están ejecutándose las obras de la nueva sede de Gandia (inversión de 15 millones de euros) y del nuevo Palacio de Justicia de Llíria (15,6 millones). Se han licitado ya las obras de la Ciudad de la justicia de Alicante (85,6 millones) y del nuevo edificio judicial de Alzira (19,9 millones).
A todas estas obras en marcha hay que sumar las ya finalizadas y que han supuesto una inversión de 22,4 millones de euros, como la adecuación de las dependencias de la Fiscalía de Gandía, los nuevos juzgados de Mislata, la ampliación de la sede de Nules y de Torrevieja y la reordenación de los espacios de los juzgados de Sueca.
Bravo ha asegurado que desde 2015 la Conselleria ha invertido en la ciudad de la justicia de Valencia un total de 26,7 millones de euros para hacer de las instalaciones el complejo judicial de España más eficiente, sostenible y seguro por el que cada día pasan 8.000 personas.
Respecto a la eficiencia energética, la Comunidad Valenciana es la autonomía con más edificios sostenibles y es la única que cuenta con un Plan de Eficiencia Energética desde 2018, con un presupuesto de 20,2 millones de euros. Más de la mitad de los edificios judiciales cuentan con sistemas energéticos eficientes, lo que supone un ahorro del 18 por ciento de consumo.
En cuanto a la accesibilidad, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública invierte casi 900.000 euros para eliminar las barreras físicas e invisibles. En 2023 habrán finalizado las reformas de adaptación en 23 edificios y en 2025, habrán concluido en las 33 sedes que contaban con algún tipo de barrera.
Durante su intervención en la Comisión, Bravo ha destacado que “año tras año, se ha incrementado el presupuesto para construir una justicia al servicio de la ciudadanía, que garantice y proteja los derechos de todas las personas, especialmente las más vulnerables”. “Nuestro plan de infraestructuras judiciales se ha diseñado y se está ejecutando pensando en los profesionales, la ciudadanía y en especial, las víctimas”, ha concluido.
