El Consell dejará de cobrar el canon de saneamiento del agua durante los próximos seis meses (hasta principios de 2023) para paliar el alza de precios, el principal problema económico. Lo ha anunciado este jueves en la sesión de control el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha asegurado que la puesta en marcha de esta medida será una forma de ayudar a las familias contra la inflación.
Según ha expresado Puig, y de acuerdo con la Consellera de Agricultura y Medio Ambiente, la Generalitat dejará de cobrar durante los próximos seis meses el canon de saneamiento del agua. Esta nueva medida supondrá una inversión de 139 millones de euros, a razón de 23 millones mensuales.
Así, serán beneficiarios de esta medida casi dos millones de hogares en la Comunitat Valenciana que en su recibo del agua pagan el tributo de saneamiento, los casi cinco millones de valencianos que conforman la autonomía.
El objetivo es que esta medida se apruebe con carácter de urgencia "en las próximas semanas" para que comience a aliviar el incremento del coste de la vida de las familias valencianas y que, según el IPC de junio, se sitúa por encima del 10 % interanual. "Estamos poniendo todo lo que está a nuestra mano", ha indicado Puig.
A esta medida se suman otras que se han ido desarrollando como respuesta a la crisis de los precios, desbocados especialmente tras la invasión rusa a Ucrania, como la rebaja del 10 % de las tasas autonómicas y precios públicos dependientes de la Generalitat (y que incluyen una bajada de la matrícula universitaria) o una ayuda de 300 euros para los autónomos que hayan reducido sus ingresos.
Creación de una comisión
No ha sido el único anuncio que ha hecho en su intervención el jefe del Consell. Puig ha adelantado durante su alocución en la cámara que uno de los objetivos de la reunión que mantendrá a lo largo del día con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, será la de crear una comisión permanente de seguimiento de las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana.
De esta, ha dicho, dará más detalles tras el encuentro con la responsable del Gobierno de España, no obstante, es una forma de intentar presionar al ejecutivo central tras la baja ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunitat Valenciana. En 2021, según los datos de la Intervención General del Estado, solo se habían llevado a cabo el 42 % de las inversiones previstas.
