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El cerco a la prostitución en carreteras se incluirá en la ley de presupuestos

Las conselleries de Política Territorial y Justicia aprovecharán el trámite legislativo junto a los presupuestos para poder introducir las multas a proxenetas y clientes

Un local en el que se ejerce la prostitución. Daniel Tortajada

El cajón de sastre legislativo que supone la llamada ley de acompañamiento comienza a abrirse. Su debate y tramitación llegará a finales de año a las Corts, junto a los presupuestos para 2023, pero en el Consell ya trabajan en su siempre compleja elaboración. De hecho, es en ese maremágnum legislativo en el que la parte socialista del Ejecutivo autonómico pretende vehicular la reforma de la Ley de Carreteras a partir de la que sancionar el consumo y demanda de prostitución en las vías dependientes de la Generalitat.

La propuesta la lanzó la Conselleria de Justicia e Interior de Gabriela Bravo a mediados de junio y la recogió prácticamente acto seguido la Conselleria de Obras Públicas que dirige Rebeca Torró. Ambas forman parte de la rama del PSPV en el Consell y comparten ideario abolicionista. La propuesta de ambos departamentos es multar a los clientes y proxenetas con hasta 15.000 euros cuando la demanda de sexo a cambio de dinero se haga en las vías de titularidad autonómica, unas 2.800 carreteras.

De momento, el texto está ya en exposición pública, salió este viernes al DOGV, con el objetivo de incorporarse a la futura Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, nombre oficial de la ley de acompañamiento que se aprueba junto a las cuentas anuales en diciembre y que acaba siendo una texto ómnibus que modifica varias normativas autonómicas.

La clave está en los plazos: aprobar el cambio legal por esta vía garantizaría su entrada en vigor en 2023

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Todavía faltan meses para el debate y confección de este proyecto legislativo, pero las conselleries de Justicia y Obras Públicas ya muestran la intención con la salida a exposición pública de la Ley de Carreteras de que esta modificación entre en el cajón de sastre. Los motivos son de plazos. En primer lugar, su publicación ya en el Diari Oficial es un "proceso habitual", una forma de tachar un procedimiento administrativo para cada cambio legislativo: que tenga un periodo abierto a la ciudadanía (incluido el resto del Gobierno valenciano) para que se puedan presentar alegaciones.

Es más, la modificación de la Ley de Carreteras para incluir sanciones a clientes de la prostitución y proxenetas no es el único cambio normativo del que informa este viernes el DOGV con tal de incorporarse al ómnibus de final de año. La Conselleria de Transparencia ha informado de un cambio en la Ley de Participación de 2015 (un procedimiento independiente a la nueva ley que camina por otros trámites apurando el bordillo del final de la legislatura) y lo propio ha hecho el Institut Valencià de la Joventut respecto a la Ley de políticas integrales de la juventud de 2017.

Se considera infracción grave "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos" en las carreteras autonómicas

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Incluir estos cambios legislativos en la ley de acompañamiento permitiría garantizarse su aprobación y entrada en vigor para 2023. Serviría, además, para esquivar el habitual tráfico burocrático (desde la revisión del Consell Jurídic Consultiu, recibir el visto bueno en el pleno del Ejecutivo hasta entrar en el trámite parlamentario) y hacerlo todo bajo el vehículo de la ley de acompañamiento ante un final de legislatura en el que no son pocos los departamentos que prevén impulsar algunos proyectos todavía pendientes.

En el caso de la Ley de Carreteras la modificación será a partir de añadir seis artículos y una disposición adicional. En estos, se señala como infracción grave "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos" en las carreteras autonómicas así como ocupar estas zonas de dominio público "para realizar cualquier actividad de carácter sexual a cambio de retribución". Asimismo, remarca que en ningún caso serán motivo de sanción "para las mujeres en situación de prostitución" y reclama un "procedimiento de actuación para el apoyo y protección a las personas prostituidas localizadas en el Sistema Viario de la Comunitat Valenciana".

Que Torró y Bravo, del PSPV, hayan iniciado los trámites para que el cambio de esta normativa autonómica se incorpore a la ley de acompañamiento no supone asegurar ni mucho menos que vaya a salir adelante. Los socios de Gobierno, como se demostró en la otra reforma legal sobre prostitución, la de espectáculos, se han mostrado contrarios a la política "punitivista", tal y como califican la medida de multar a los clientes. Este cambio legal ha de terminar votándose en las Corts. Las enmiendas y los números de cada postura serán clave.

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