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Compromís reclama a Bravo medidas ante la vulneración de derechos lingüísticos en la Diputación de Alicante

Silverio Tena afirma que el caso es especialmente grave puesto que la discriminación lingüística impide a una administración local ejercer sus funciones de servicios a la ciudadanía i pide responsabilidades también a Mazón

El portavoz de Compromís en la comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, Silverio Tena Levante-EMV

El grupo parlamentario Compromís en les Corts Valencianes ha tomado cartas en el asunto ante el “evidente caso de vulneración de los derechos lingüísticos hacia una , funcionaria de la administración local que solicitaba información a la Diputación de Alicante, donde otra funcionaria se negó a tenderla sólo por el hecho de que le hablaba en valenciano”. 

Así lo han comunicado el portavoz de Compromís en la comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, Silverio Tena, y la portavoz de Compromís en la Comisión de Educación y Cultura, Nathalie Torres, quienes han formalizado ya una pregunta parlamentaria en la que reclaman medidas a la Conselleria de Gabriela Bravo. En concreto, Tena y Torres requieren a Justicia “qué medidas tiene previsto tomar la Conselleria de Justicia e Interior ante la vulneración de derechos, no sólo de una ciudadana, sino de una institución como es un Ayuntamiento, a ser atendido y comunicarse en cualquier lengua oficial del territorio valenciano”.

El grupo parlamentario Compromís toma esta medida después de que la Plataforma per la Llengua diese a conocer a finales de semana el caso de una funcionaria de la Oficina de Fondos Europeos de la Diputació d’Alacant que se negó a atender en a una trabajadora pública de un municipio de la Marina Alta que le formuló una consulta en valenciano.

Para el portavoz de Justicia, Gobernación y Administración Local ha manifestado que “el caso de discriminación lingüística de la Diputació d’Alacant es especialmente grave porque no sólo se vulnera el derecho de una ciudadana a ser atendida en una lengua oficial, sino que se deja de atender a una administración pública como es un ayuntamiento en una función de servicio público, como es acceder a unas ayudas para dar servicio a la ciudadanía”. Tena ha explicado que “ante esta situación tan grave consideramos que el departamento de Gabriela Bravo debe tomar cartas en el asunto para garantizar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía”.

Por su parte, Nathalie Torres ha lamentado lo acontecido en la Diputación. “Cualquier ciudadano de nuestro territorio tiene el derecho utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de nuestro territorio cuando se dirige a la Administración, tanto el valenciano como el castellano. Hay que aclarar, además, que en este caso la negativa de la funcionaria de la Diputació d’Alacant no obedece al desconocimiento de la lengua, puesto que en el audio difundido se demuestra que es capaz de mantener la conversación con su interlocutora. En todo caso, casos como este demuestran la necesidad de implementar el requisito lingüístico en la Administración para garantizar los derechos de la ciudadanía a dirigirse a las instituciones en cualquiera de las dos lenguas”.            

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