La llegada a la Vicepresidencia del Consell de Aitana Mas en sustitución de Mónica Oltra ha tenido sobre todo un efecto de descompresión. Las ruedas de prensa de la portavoz del ejecutivo se habían convertido en una olla a presión desde que hace semanas se conoció su imputación en el caso de la menor tutelada. Con la dimisión de Oltra, el foco ha dejado de estar en la persona de la vicepresidenta y vuelve de nuevo a los asuntos del pleno del Consell, aunque la sustancia sea en ocasiones, como la de ayer, muy escasa.
El Consell inició este viernes en Benicàssim, con el primer pleno de la nueva etapa, la cuenta atrás hacia las elecciones autonómicas, dentro de diez meses. El primer pleno sin Oltra llevó a los miembros del ejecutivo a la localidad de la Plana Alta donde se negoció el Estatut, la ley valenciana de mayor rango, hace cuatro décadas.
Pero en el debut de Mas se vislumbra también el futuro pulso por los presupuestos entre los dos partidos mayoritarios del Consell, PSPV yCompromís, aunque los perfiles distintos de la vicepresidenta y del conseller de Hacienda, Arcadi España, predicen menos tensión que hace un año.
De momento, la nueva vicepresidenta es partidaria de mantener la fórmula que el Botànic utilizó el año pasado para negociar los presupuestos de la Generalitat, la de una comisión política nombrada por los partidos.
Un organismo que viene a arrinconar al conseller de Hacienda porque las cuentas ya le vienen cocinadas por parte de los representantes de los partidos. Los presupuestos se presentaron el año pasado por primera vez fuera de plazo. Pero Mas defendió en su primera rueda de prensa como portavoz que lo que ha funcionado en el pasado mejor no tocarlo. Desde la perspectiva de Compromís, la comisión funcionó porque la conocida capacidad de Oltra de forzar las negociaciones hasta el punto máximo hizo que acabaran impresas en el presupuesto todas las exigencias que la titular de Igualdad planteó.
Una negociación a tres bandas
La propia Oltra lanzó tras el pasado verano la idea de crear una comisión política, a la que sumó Unides Podem, formación a la que tampoco le gustaba la negociación radial que el conseller de Hacienda mantenía con el resto de departamentos y que era la fórmula habitual hasta ese año.
Sin embargo, el nuevo titular de Hacienda, que apenas lleva seis semanas en el cargo, se muestra reticente. Hace unas semanas, en una entrevista en la televisión pública, España ya mostró recelo hacia esta fórmula de negociación. Dijo que la responsabilidad de la Conselleria de Hacienda es hacer una propuesta y trabajarla con el resto de conselleries, es decir el método tradicional.
Hacienda y la visión de conjunto
España apela a la responsabilidad que tiene la Conselleria de Hacienda de negociar con el resto y si luego los partidos aportan bienvenido sea pero el peso de la negociación tiene que llevarlo Hacienda, según su posición.
Según España todas las conselleries quieren gastar más pero sólo Hacienda es capaz de ver las cuentas desde una posición global. El titular de Hacienda sostiene que su intención es llegar a acuerdos en tiempo (el año pasado se presentaron fuera de plazo), con transparencia para todas las conselleries y dentro del marco y los límites que las cuentas de la Generalitat se pueden permitir.
La vicepresidenta Mas ha reconocido este viernes que ya ha hablado con el conseller de Hacienda y que en breve van a mantener una reunión para avanzar ya en las cuentas del próximo año, las últimas antes de las elecciones. Mas aboga por sentarse las tres formaciones del Botànic y hablar para marcar los tiempos de la negociación y las políticas que serán clave para el presupuesto de 2023.
Respecto a la salud del Botànic y al modo de relacionarse los tres partidos en el seno del Consell, Aitana Mas ha remarcado que la guía del gobierno es el acuerdo firmado en 2015 y reeditado en 2019, una hoja de ruta que sirve para hacer políticas de apoyo a la ciudadanía que palíen la situación de emergencia social.
El jueves, en el intercambio de carteras con Oltra, la nueva vicepresidenta ya aseguró que el presupuesto tiene que estar dirigido a reducir desigualdades sociales, fortalecer servicios públicos de gestión directa, combatir el cambio climático, favorecer la reindustrialización y promover yacimientos de empleo en servicios sociales, renovables y cultura.
