La histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho constitucional que le daba a la mujer la libertad de interrumpir su embarazo ha reavivado el debate en todo el mundo. Proabortistas y antiabortistas españolas han vuelto a las trincheras 37 años después de la Ley Orgánica de 1985. Se reaviva el debate y vuelven, inevitablemente, las preguntas de siempre: ¿Es ilícito interrumpir un embarazo? ¿Siempre? ¿A veces? ¿Nunca? ¿Hay algún derecho que esté por encima del de decidir sobre nuestro propio cuerpo? El debate sigue tan vivo como siempre, de eso no hay duda.
De momento, el fallo ha llevado la preocupación a los sectores progresistas, temerosos de que se pongan en peligro otros derechos que costaron mucho de ganar. «Es muy grave por el país en el que se produce, el más poderoso del planeta y por todo lo que representa, un país donde este derecho estaba consagrado desde hace 50 años. Que medio siglo después, el Supremo tire marcha atrás es gravísimo y alienta a las corrientes conservadoras de Europa», explica el ginecólogo valenciano Josep Carbonell, director de la clínica Mediterránea Médica y activista abortista desde los años 60, cuando la eliminación del embrión era una actividad clandestina.
Cuestionar avances sociales que costaron mucho de conseguir preocupa a la sociología. «Y parece que ahora va a ser difícil defenderlos, porque ahora lo moderno es ser retrógrado. Ha habido como un parón con la pandemia, y a partir de ahí, se está viendo un rearme de ciertas conductas», explica el profesor de Sociología de la Universitat de València, Juan Antonio Rodríguez.
Conductas como el negacionismo de la covid-19, por ejemplo. «Lo que ha ocurrido en Estados Unidos forma parte de un mismo modelo. Estamos en un momento que forma parte de algo mucho más amplio a nivel internacional. Fíjate si no el modelo de líder político que representa Putin», añade Rodríguez, experto en masculinidad.
El sociólogo apunta, como causa directa de la pérdida de derechos, a las religiones, todavía presentes en los debates civiles. «No puede ser que determinadas ideologías estén afectando a cuestiones sociales, del día a día. Reflexionando sobre esto, ahí tenemos la manifestación de la ultraderecha que hubo el pasado fin de semana en Madrid cuyo late motiv era el de defender los principios cristianos. Es el mismo concepto por el cual criticamos a los musulmanes: el de querer introducir los mandatos religiosos en la esfera civil, social, que afectan a todas las personas», explica Rodríguez. «Estoy de acuerdo con lo que dijo Pérez Reverte: son las mujeres las que deben decidir sobre su propio cuerpo, y nadie más», añade.
«Dios ha tomado la decisión»
Esa influencia religiosa fue la que llevó a Donald Trump a prometer a las iglesias cristianas de Estados Unidos que derogaría el derecho al aborto y que volvería a legislarse por cada estado. Tres jueces nombrados por el expresidente, durante su mandato, están en el centro de esta decisión de acabar con la balanza de la justicia y eliminar un derecho fundamental de las mujeres en Estados Unidos desde 1973. «Dios ha tomado la decisión», declaró Trump tras conocer la decisión.
La profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Julia Sevilla, no cree que vaya a producirse un efecto contagio, sino lo contrario. «Las corrientes que defienden el derecho a la vida lo tienen tan incluido dentro de su mentalidad y su forma de ser, que no necesitan que nadie les anime a defender sus teorías. La mayoría de la clase política y de la sociedad está por mantener el derecho al aborto», afirma. De hecho, la docente recuerda que el Tribunal Constitucional «no tiene ninguna prisa» en resolver el recurso que 71 diputados del Partido Popular presentaron en 2010 contra ocho preceptos de la Ley Aído que aprobó el gobierno de Zapatero. «No hay interés. No quieren modificar el statu quo en este momento. Si fallaran a favor del recurso, eso supondría tener que volver a reformar el código penal».
La interrupción voluntaria del embarazo en España es legal desde 1985, con unos supuestos limitados. La Ley Aído, aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2010, liberalizó definitivamente el derecho a abortar en España. «Estableció 14 semanas para abortar libremente y amplió el plazo a las 22 en una gama de supuestos asimilables a la ley anterior: malformaciones en el feto o riesgo para la salud física o psíquica de la mujer», recuerda Julia Sevilla. España está entre los países con plazos más amplios, como Reino Unido y Holanda (24 semanas) o Suecia (22). Sevilla subraya cómo el aumento del plazo a 22 semanas en España va mucho más allá del hecho de ampliar el margen para interrumpir el embarazo: «Obliga al consentimiento escrito, ya que introduce una medida para que la mujer reflexione sobre lo que va a hacer y le informa a qué tiene derecho. El Estado está protegiendo que la decisión de la mujer sea libre. Y hay tres días de plazo para tomar la decisión para obligar a la mujer a que reflexione», explica.
El derecho del ser concebido
Desde Provida Valencia-Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, todo terreno ganado contra el aborto se celebra. «Estamos a favor de la vida por encima de todo. Igual que no compartimos la eutanasia, porque pensamos que hay otras alternativas como los cuidados palativos, defendemos el derecho de los fetos a la vida. Estamos cansados de que se saquen leyes como churros», afirma Carmen, voluntaria de la asociación y abogada.
«El Código Civil defiende el derecho del concebido no nacido cuando dice que si la viuda estuviese en cinta debería comunicarlo para que se nombre un administrador que defienda los derechos del concebido. Todo esto nos demuestra que hay vida. Cuando concibes un bebé, lo primero que se ve en la ecografía es un corazón en movimiento. Ese eslogan de que ‘con mi cuerpo hago lo que quiero’, hazlo, pero hazlo con el tuyo, pero sin afectar a otra vida que es independiente. Es un crimen», añade Carmen desde la asociación que ayuda a más de 300 madres con pocos recursos. ¿Abortos por violación? «Ese debate es absurdo, porque en caso de violación, al denunciarlo inmediatamente te hacen un legrado. ¿Para qué vas a esperar 3 meses para ver si estás embarazada? Y luego está el tópico de que sólo pueden abortar las ricas. Si a una madre le das una ayuda, te aseguro que no aborta. Hacen falta más ayudas públicas para esto», concluye.
En el lado contrario está el médico abortista Josep Carbonell. «Al legislar cada Estado el aborto, las norteamericanas van a a tener que viajar mil o dos mil kilómetros, dependiendo de donde estén, para abortar. Es grave porque pasará lo de siempre: Abortará la que tenga dinero para hacer el viaje y la que no, pues lo tendrá», opina.
La socióloga Marcela Jabbaz, experta en Género y vicedecana de Igualdad de la Facultat de Ciencias Sociales, añade un elemento interesante y casi inédito en este debate: el de los bebés robados en los años de plomo.
«El sector conservador creó ya el estigma de que era peor abortar que dar a luz, porque el embarazo no deseado derivó en muchos casos en ese fenómeno todavía poco investigado de los partos encubiertos y el robo de esos bebés para la gente con recursos. Todo era ya negativo en la época preaborto para las mujeres con embarazos no deseados», explica. La socióloga apunta al inicio de las pruebas de paternidad en 1981 como un punto de partida para la concienciación general: «Hasta entonces no había responsabilidad ni obligación legal por parte del hombre en un asunto que también le pertenece».
