Entre debates técnicos sobre cómo adaptar el voto telemático a los nuevos tiempos o qué criterios han de regir la constitución de comisiones, en la reforma del reglamento de las Corts se ha colado qué hacer con los tránsfugas. Cómo gestionar los derechos de aquellos diputados que siendo elegidos bajo unas siglas dejan el grupo parlamentario manteniendo el acta y el escaño es una cuestión de importante trasfondo político a la que, además y como en casi todo, se añade la parte material.
Los grupos parlamentarios de las Corts debaten si incorporar al reglamento de la cámara autonómica el Pacto Antitransfuguismo que todos los partidos representados en esta institución (excepto Vox) firmaron en 2020 y cómo hacerlo. Y ahí, uno de los puntos que aparece marcado en rojo es el del reparto de recursos económicos, una vía con la que se busca desincentivar una acción considerada, según el propio pacto, "una forma de corrupción y una práctica antidemocrática" así como impedir el perjuicio a los partidos que lo sufren.
Porque aunque no todo es dinero, la marcha de un parlamentario al grupo de los no adscritos tiene consecuencias económicas. Los grupos parlamentarios reciben una subvención de dinero público cada mes a partir de dos vías: una fija por la que los seis grupos representados ingresan la misma cantidad y otra variable según el número de diputados que conforman el grupo. Así, si la primera son 10.500 euros mensuales de manera fija, la segunda parte son 1.400 euros por diputado más otros 1.050 para contratación de personal por parlamentario.
La propuesta que se encuentra encima de la mesa es impedir que a la marcha de un parlamentario le acompañe los recursos económicos que forman parte del reparto variable en las subvenciones. Es la que aparece reflejada en el 'Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas' firmado en noviembre de 2020 por PSPV, PP, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem y registrado ante el Ministerio de Política Territorial.
"En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor de la persona no adscrita; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto a la persona tránsfuga no adscrita, ni en su importe fijo, ni en su componente variable", expresa el documento que añade que el grupo político perjudicado "no deberá sufrir merma alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad".
Plasmar en el reglamento de las Corts el sentido que el pacto antitransfuguismo señala supondría que, por ejemplo, Ciudadanos no sufriera disminución económica alguna tras la marcha de cinco diputados hace un año a los no adscritos y que cobrase las subvenciones en función de los 18 parlamentarios elegidos tras las elecciones de 2019. Estas salidas han reducido en 11.000 euros, según cifras de la formación, la subvención mensual al grupo parlamentario naranja algo que, como explican fuentes del partido, les sitúa a favor de la medida aunque no por su caso particular sino porque, insisten, "es una forma de corrupción".
La aprobación de la modificación del reglamento difícilmente cambiará algo del reparto económico para los representantes de esta legislatura. La reforma de este avanza en una comisión técnica en la que se trabaja en una ponencia con el objetivo de alcanzar el máximo consenso posible. Tras esto, el texto llegará a la Comisión de Gobierno Interior en la que se podrían incorporar enmiendas y darle el visto bueno definitivo.
