La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado hoy un auto por el que acuerda devolver al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia la investigación abierta contra la exvicepresidenta de la Generalitat y otras 13 personas por la gestión del caso de abusos sexuales de un monitor, exmarido de Mónica Oltra, a una menor tutelada.
Los magistrados declaran la falta de competencia de la Sala para continuar con la instrucción y el conocimiento de estos hechos una vez acreditada documentalmente la renuncia de Oltra al cargo de diputada autonómica y, por tanto, a su condición de aforada ante el alto tribunal autonómico.
Una vez devuelta la causa al Juzgado de Instrucción 15 lo lógico es que la primera diligencia que decida el titular del juzgado de Instrucción 15 sea la citación de Oltra, cuya declaración ante el TSJ estaba prevista para el 6 de julio, aunque al perder la competencia, la comparecencia se anuló. Aunque la exvicepresidenta se enfrenta ahora a un situación procesal novedosa que se desconocía cuando fue citada por el TSJ: la pieza secreta abierta por el juzgado de Instrucción 15 para incorporar la documentación recabada por la Policía Judicial comisionada para personarse en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y recabar el expediente original relativo a la menor que sufrió los abusos sexuales, "con certificación de su autenticidad" expedido por la funcionaria habilitada para ello en este departamento. Un "trámite" que se prolongó ocho horas, según adelantó Levante-EMV, en su edición digital. El consejo habitual de cualquier miembro de la abogacía a su defendido o defendida es evitar cualquier declaración hasta conocer toda la información incorporada a la causa. Si se retrasara la comparecencia de Oltra hasta que esta pieza sea accesible para las partes, la declaración de la exvicepresidenta podría demorarse hasta después del verano. Un retraso que juega en contra de la confianza expresada por dirigentes de Compromís de que esta causa judicial se resuelva antes de las elecciones municipales y autonómicas, previstas para mayo de 2023.
