La defensa del empresario Jaime Febrer, el presunto corruptor de políticos en el epicentro del caso Azud, ha recurrido el auto que inició el caso Azud y que autorizó el acceso a los correos de Corbín Abogados SA, la empresa de José Corbín, el abogado y cuñado de la exalcaldesa de València, Rita Barberá, con el que arrancó la causa en 2017. Quien firma el recurso de apelación, que resolverá la sección tercera de la Audiencia de València, es el abogado Manolo Mata, síndic del PSPV hasta hace dos meses, quien ataca la raiz de la investigación del caso Azud y pide la nulidad de toda la causa. Mata recurre hasta a la jurisprudencia del caso Naseiro (que investigó la financiación irregular del PP en los años 90 y acabó archivada por un defecto formal) para solicitar a la Audiencia que sobresea toda la investigación.
El escrito presentado en defensa de Febrer considera una "solicitud extravagante acceder al contenido íntegro de todos los correos electrónicos de una o varias personas durante décadas, que no sólo no está permitido sino que está expresamente prohibido por nuestra ley rituaria criminal". Y califica de "ilegal, inconstitucional, invasiva de derechos fundamentales y prospectiva" la diligencia incluida en el auto del 17 de abril de 2017 que autorizó el acceso al correo, servidores y nubes digitales de la mercantil del abogado.
Una decisión que ha permitido "vulnerar la intimidad del investigado y de todos y cada uno de sus contactos, sin la más mínima cobertura legal pero que ha servido para investigar a una sesentena de personas, varias decenas de empresas, en secreto, durante más de cinco años" a pesar de ser "una diligencia radicalmente nula, que vicia de nulidad a todas las actuaciones practicadas a partir de ella". Una situación para la que la defensa de Febrer sólo ve una solución: "sobreseer las actuaciones respecto de todos y cada uno de los investigados, archivando la causa".
La defensa de Febrer alega que con el acceso generalizado a los servidores de la empresa de Corbín los investigadores del caso Azud pretenden "averiguar todo lo que ha hecho el señor Corbín en dos décadas, quiénes son todas y cada una de las personas [con las que intercambiaba correos], todo lo que se han escrito mutuamente y todos los archivos intercambiados" que supone, para el letrado Manuel Mata, "una injerencia gravísima en el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad personal y familiar, al secreto de las comunicaciones, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a conocer la acusación y la defensa". Por tanto, alega ante la sección tercera de la Audiencia de València, que acuerde la nulidad del auto recurrido y el sobreseimiento de la causa respecto a las 61 personas investigadas.
