El exconseller de Gobernación Serafín Castellano ha presentado un recurso de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional contra el auto que da por finalizada la investigación sobre el cártel del fuego. La defensa de Castellano reitera la petición de archivo de la causa contra él y, de forma subsidiaria en el caso de que no se admita el sobreseimiento, que se le cite a declarar. Es la respuesta de Castellano al titular del Juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que el pasado 15 de junio dio por finiquitada la investigación sobre el cártel del fuego y propuso juzgar a un total de 32 personas, entre ellas el exconseller de la Generalitat y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, por formar una organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades.
En su recurso de apelación, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la defensa de Castellano acusa a la Fiscalía Anticorrupción y al magistrado instructor de "esquivar siempre de forma voluntaria e incompresible, la articulación de un relato ordenado, concreto y definido de los hechos punibles que se imputan a mi representado, por no decir de algunos de los demás encausados en el procedimiento, respecto de los cuales simplemente nada se dice ni se manifiesta, como si su encausamiento fuese meramente accidental". Y añade una metáfora bien traída ya que la causa investiga, entre otros hechos, el regalo de un rifle a Castellano además del pago de cacerías. "La Fiscalía y el magistrado instructor se limitan a disparar algunas conclusiones, que no hechos" y no "concretan cuáles fueron las dádivas o regalos, ni quienes las hicieron, ni cuando, ni a cambio de qué comportamientos en concreto (...) Tampoco se concretan cuáles fueron las presuntas irregularidades administrativas".
Para la defensa de Castellano "resulta Kafkiano que después de ocho años de pesquisas, el Instructor todavía no haya dictado una resolución nacida de su propio parecer en el que determine los concretos hechos punibles por los que procesa a cada investigado". Y lamenta que Serafín Castellano, "por su anterior condición de cargo público está sufriendo una tremenda pena de telediario, con filtraciones interesadas, ya desde el principio en que estaba decretado el secreto de sumario, con todo el perjuicio personal, social y profesional que ello le ha causado". Además de "seguir sin saber a fecha de hoy los hechos concretos que se le imputan. El señor Castellano en ningún momento ha cometido conducta típica ni mucho menos las descritas con carácter general para otros investigados que, ni conoce ni sabe de su existencia", alega el abogado del exconseller.
La Fiscalía Anticorrupción se opone a las peticiones del exdelegado del Gobierno y asegura, en un escrito al que ha tenido acceso Levante-EMV, que "no puede pretenderse, tras la finalización de la fase de investigación mediante el auto de prosecución del procedimiento abreviado a fase de preparación del juicio oral, la imposición de una nueva declaración en calidad de investigado por parte de quien ya la prestó", cuando fue detenido el 29 de mayo de 2015. Desde entonces, no la ha solicitado. "Se aquietó a la situación y la insta ahora con la investigación ya clausurada", señala el representante del Ministerio Público. Además, recuerda que la defensa de Castellano, "que ahora pretende retroacción y nuevas diligencias, se ha venido oponiendo, por sistema, a eventuales prórrogas del plazo de instrucción".
