Si las cosas no cambian y Ximo Puig mantiene sus intenciones, las elecciones a las Corts se celebrarán el 28 de mayo de 2023, junto a la mayoría de las comunidades autónomas y junto a todos los ayuntamientos. A pesar de que aún queda casi un año, la Conselleria de Justicia, de la cual depende la oficina electoral, ha dado ya un paso más en los preparativos de la próxima cita electoral activando la habitual maquinaria burocrática. El objetivo es que cuando se acerquen las fechas, el proceso esté lo más agilizado posible.
Según recoge la plataforma de Contratación del sector público, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ya ha hecho púbico el anuncio de la licitación, por más de 700.000 euros, para el suministro de papeletas, sobres, actas e impresos a utilizar en las próximas elecciones autonómicas de 2023 y que serán fundamental para poder llevar a cabo la votación. Está previsto que el contrato sea adjudicado a la empresa que mejor cumpla con los requisitos demandados por la Generalitat, a inicios de octubre.
La mayor parte del presupuesto irá destinado a los gastos de las papeletas, para las que se prevé un gasto total de 658.963 euros. A las urnas serán convocados más de tres millones y medio de valencianos que no se pueden quedar sin la posibilidad de depositar su voto en caso de que todos ellos decidieran acudir. Con que haya una decena de partidos, serían necesarias más de 35 millones de papeletas. Asimismo, se le añadirán otros 89.000 euros para los sobres oficiales y otros 30.000 euros para las actas que sellen el resultado.
El sonido de la maquinaria burocrática licitando ya las papeletas podría levantar las alertas cuando todavía falta un año para la fecha prevista. ¿Acaso se prevé un adelanto electoral? Nada más lejos de la realidad o, por lo menos, esta posibilidad no es la que marca el calendario del departamento que dirige Gabriela Bravo. El inicio de estos trámites entra dentro del calendario previsto en cualquier convocatoria electoral, una vez la legislatura encara su último año.
De hecho en febrero de este mismo año la Generalitat pre-licitó el tratamiento de los datos durante el escrutinio con un presupuesto de casi 1,3 millones de euros, en los que se incluye además partidas para la comprobación de las candidaturas presentadas, así como la prestación de los servicios que pudiesen requerir las juntas electorales durante el escrutinio general. Otro paso más dentro del aparataje administrativo.
La prueba de que la publicación de está licitación en la Contratación del Sector Público no lleva aparejado un adelanto de las elecciones autonómicas por parte de Ximo Puig es que en el pasado ciclo electoral, el anuncio previo de la licitación para suministro de papeletas, actas e impresos se hizo en agosto de 2018 y las elecciones se celebraron el 28 de abril de 2019. En aquella ocasión hubo adelanto, sí, de un mes respecto a la fecha prevista. Pero este se decidió a última hora. La burocracia tiene sus tiempos y muchas veces no son los de la política.
