Con fecha 13 de julio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW) ha emitido un duro dictamen al respecto de una denuncia presentada por una española quien fue, entre otras coses, sometida a una inducción del parto y a una cesaría involuntaria durante la cual la mujer fue maniatada, cuando, de haberse seguido los protocolos y estándares aplicables, la denunciante hubiese dado a luz de forma natural.

La gravedad del caso, la nula presencia de consentimiento previo informado, y el trato recibido por la denunciante al negarle incluso la existencia de daño psicológico durante la demanda ante el Estado español, han obligado a la CEDAW a recordar al Estado español que tiene la obligación de legislar para adoptar las medidas apropiadas a fin de abolir las costumbres y prácticas que constituyan violencia obstétrica.

“A pesar de ello, la reforma la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo impulsada por el Gobierno no contempla como tal la violencia obstétrica” se lamenta la diputada y portavoz de Igualdad de Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Àlvaro. “En nuestro territorio ya legislamos al respeto y sí incluimos en la ley valenciana de salud la violencia obstétrica como una discriminación contra la mujer que hay que combatir, así es esperable que ante este nuevo requerimiento de la ONU, que no es la primera, y ante el número creciente de casos que alertan sobre la gravedad de esta discriminación, el proyecto de ley estatal contemple los dictámenes de la ONU”, reclama Àlvaro.

“Fue la Ministra Montero quien afirmó que el proyecto de ley incluiría la violencia obstétrica además de los protocolos y herramientas necesarias para combatirla, por eso esperamos que durante la tramitación parlamentaria y a la espera del texto definitivo, se mantenga esta intención que va en consonancia con lo que la ONU exige”, añade la diputada de Compromis, quien a su vez sostiene que “desobedecer a la ONU en un tema como este, desatender el consentimiento informado como lo hace actualmente el proyecto de ley, y el mirar hacia otro lado ante la violencia obstétrica que ya se ha regulado en otros países no es digno de un estado progresista ni es justo con las mujeres del mismo”.