Dos causas distintas, con miembros de la ultraderecha como investigados y como denunciantes y un mismo juzgado como responsable de ambas investigaciones. Una ya finiquitada y que encara el juicio oral. Y otra que apenas ha cumplido un año de instrucción pero que ha removido los cimientos del Botànic. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 15 de València que investiga a Mónica Oltra y a los once funcionarios de la Conselleria de Igualdad y dos trabajadoras del centro Niño Jesús, es el mismo que envia a juicio a los 28 ultraderechistas procesados por las agresiones del 9 d’Octubre de 2017.
Esta última causa fue la primera en iniciarse, al abrir diligencias de oficio la la sección especial de delitos de odio y contra la discriminación de la Fiscalía Provincial de València. La instrucción recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción 15 que, junto al Ministerio Público y la colaboración de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, además de las acusaciones populares de la Comissió 9 d'Octubre y Movimiento contra la Intolerancia han investigado de forma minuciosa durante cincos años las agresiones de los 28 ultraderechistas a los activistas de izquierdas que participaron en la manifestación del 9 d’Octubre de 2017 y a periodistas que informaban de la tradicional convocatoria. En la instrucción se han llegado a "visualizar e investigar más de 1.200 documentos gráficos entre vídeos y cámaras", además del dossier elaborado por la Unió de Periodistes "Documentación gráfica de las agresiones a periodistas y fotoperiodistas durante el 9 d'Octubre en València", aportado a la causa. La visualización de las imagenes aportadas permitieron a "los agentes facultados identificar a un amplio número de investigados" hasta alcanzar los 28 procesados.
La instrucción por las agresiones de los ultradrechistas en el 9 d'Octubre de 2017 finalizó el 11 de enero de 2021, según el auto de finalización del procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción 15 hace año y medio. Desde entonces se han presentado los escritos de acusación y defensas y la sección cuarta también ha resuelto los recursos planteados por acusaciones y defensas. La localización de los 28 procesados para notificarles la continuación del procedimiento también ha demorado la finalización de la causa este año y medio.
Cuándo se celebrará el juicio contra los ultraderechistas aún es una incógnita ya que debe repartirse a una sección de la Audiencia de València
Cuándo se celebrará el juicio aún es una incógnita. La causa debe ir al decanato de los juzgados de València para que decida, por reparto, qué sección de la Audiencia de València deberá encargarse de juzgar los hechos. Excepto la sección cuarta, que es la que resuelve los recursos de apelación de las investigaciones de Instrucción 15, puede caer en cualquiera de las otras cuatro secciones de lo penal de la Audiencia de València. La Fiscalía solicita penas de tres a siete años de cárcel para los 28 procesados por las agresiones del 9 d’Octubre de 2017, tal como contó Levante-EMV.
La segunda investigación que recayó en el Juzgado de Instrucción 15 se inició en junio de 2021, al recaer por turno de reparto la denuncia presentada por la menor tutelada que sufrió abusos por parte del monitor del centro privado de menores Niño Jesús, Luis Ramírez Icardi, a finales de 2016 y principios de 2017. La joven, que ya es mayor de edad, está representada por el abogado y líder del partido ultraderechista España 2000, José Luis Roberto. A esta denuncia se acumuló la que presentó la asociación Gobierna-te, que representa el abogado de Francisco Camps, además de sumarse como acusación popular el partido Vox. Unas denuncias iniciales, presentadas por la extrema derecha, que llevaron a la exvicepresidenta Mónica Oltra a considerar que el proceso judicial iniciado primero contra los funcionarios de la Conselleria de Igualdad y finalmente contra ella como una “cacería de la extrema derecha”. Aunque tras nueve meses de instrucción, el mismo magistrado de Instrucción 15 que ha procesado a los 28 ultraderechistas fue quien solicitó que el TSJ debía investigar a la vicepresidenta del Consell. Tras renunciar Oltar a su acta, será el titular de Instrucción 15 quien la cite a declarar.
