Para asegurar la aplicación y seguimiento de estas medidas, la Diputación creará un Comité Antifraude, con una composición eminentemente técnica y la obligación de colaborar de todos los servicios de la institución, según informa la Diputación.
Este comité tendrá en cuenta indicadores como la bandera roja, que obliga a los responsables a permanecer vigilantes; el conflicto de intereses aparente o real; la corrupción activa o pasiva; el fraude en cualquiera de sus grados y en general todo tipo de irregularidad que pueda detectarse a través de los mecanismos de control interno.
Este comité establecerá protocolos para gestionar los conflictos de intereses; abrirá expedientes informativos ante cualquier sospecha; asistirá a los organismos encargados de recuperar importes indebidamente obtenidos; y dará a conocer el canal de denuncias tanto interno como externo.
El plan de la Diputación establece medidas concretas en todos los ejes del ciclo antifraude, como la prevención, con cursos y seminarios sobre corrupción para detectar prácticas poco éticas.
Según el plan, será obligatoria la declaración de ausencia de conflicto de intereses para el personal que redacte pliegos y bases de licitaciones y convocatorias; y se incorpora un código de conducta para todos los empleados públicos, con la objetividad, neutralidad y honradez como principios básicos.
La detección se basa en la implantación de un sistema de control interno eficaz y en el seguimiento de las herramientas disponibles en materia de prevención. En cuanto a la corrección, el seguimiento de la posible acción fraudulenta llevará aparejada una evaluación que debe determinar la evidencia del fraude y la inmediata suspensión del procedimiento notificándola a las autoridades interesadas y los organismos implicados.
En último lugar, la persecución del fraude se estructura en canales de denuncia internos, para que cualquier persona de la institución que sospeche de un hecho fraudulento pueda comunicarlo al comité responsable; y externos, basados en protocolos de colaboración con la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Desde la Diputación no descartan posibles modificaciones del Plan de Medidas Antifraude ya que han considerado que "debe estar vivo, adaptándose a cada contexto".
Según informa la Agencia EFE
