La patronal nacional de los contratistas de obra pública, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) está impugnando ante la Junta consultiva de contratacion administrativa obras de carreteras, ferroviarias adjudicadas por la empresa pública Adif (Administrador de infraestructuras ferroviarias) y de Aena por no incluir la revisión de precios y clausulas que consideran abusivas, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes del sector.
En total han recurrido, según se acordó en el consejo de gobierno de la CNC del pasado 21 de Julio a instancias de las secciones territoriales un total de 17 concursos de Adif y otros cinco de carreteras en toda España. Entre los contratos de la Comunitat Valenciana recurridos se encontraría el acceso ferroviario al Puerto de Castelló (valorado en 125 millones de euros), la rehabilitacion y cambio de cubierta de la Estación del Norte (19 millones) y el nuevo acceso viario al aeropuerto de Manises.
La CNC también tiene la intención de recurrir la tramitación del canal de acceso que se prevé para esta semana
La CNC también tiene la intención de recurrir las obras del canal de acceso (531,6 millones), que se preven licitar por Adif esta semana. Una decisión que se adopta porque, según explican fuentes del sector a Levante-EMV, los pliegos de condiciones administrativas particulares incluyen una clausula, «incluida hace apenas dos meses» en la que Adif «se arroga la capacidad de resolver la adjudicación del contrato lo que crea una arbitraria y retroactiva inseguridad juridica», según fuentes del sector.
90% de empresas excluídas
Los responsables de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) también informaron ayer en rueda de prensa que han podido constar que más del 90% de las empresas del sector no puede acogerse a los reales decretos aprobados por el Gobierno para aplicar una revisión de precios de los contratos, cuyo objetivo era limitar el impacto que ha supuesto el incremento del coste de los materiales.
La patronal de los contratistas de obra público hizo público un estudio en el que detalla que solo el requisito de que las obras tengan que tener una duración superior a un año para poder solicitar una revisión de precios ya deja fuera al 80% de ellas, que tienen una duración inferior a 12 meses.
Que los precios hayan tenido que subir un mínimo del 5%, la tipología de las obras o el tipo de materiales que sólo pueden revisar los precios son otros de los inconvenientes que los contratistas han detectado y que provocan que el 95% de las empresas del sector no haya podido revisar sus precios. Sobre todo afecta, aseguraron, a las pequeñas y medianas empresas.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de quien dependen la mayoría de contrataciones aunque esta medida también afecta a las comundidades autónomas y los ayuntamientos, «está haciendo todo lo posible» por solucionar este problema, según explicó en una rueda de prensa telemática y presencial el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén.
Sin embargo, los palos en las ruedas proceden del Ministerio de Hacienda «que es el último Departamento que tiene que permitir cualquier revisión, ya que afecta a las cuentas públicas, y que está poniendo trabas y ampliando los requisitos para dificultar la aplicación de la medida de revisión de precios». Según datos del INE, los precios de materiales como la cerámica subieron en marzo un 40%, el aluminio un 55%, la madera un 16%, el cobre un 20%, los materiales siderúrgicos un 50% y la energía un 84%, lo que ha provocado un incremento del 30% en el precio de las obras.
Peticiones de la Confederación Nacional de la Construcción:
Nuevos plazos para incluir todas las obras públicas desde 2021: La Confederación Nacional de la Construcción pide que se incluyan las obras comenzadas a partir de enero de 2021 (excluidas en los decretos) y que se elimine el silencio administrativo ante una propuesta de revisión de precios.
Evitar las bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas y permitir a las comunidades modificar los decretos
El Estado ha iniciado comisiones bilaterales (previas a un recurso al Constitucional) con las autonomías que pretenden adaptar los decretos. La CNCpide que los ayuntamientos se vinculen a las decisiones autonómicas.
