"¿Cómo le dices a una niña de cinco años que cualquier día y en cualquier momento pueden venir veinte policías a echarla de su casa?" Eso se preguntan Tamara y Mario, los padres de Irina, desde que recibieron aquella sentencia a nombre de la madre. La chiquilla juega con el móvil aislada de lo que ocurre. El documento dice ejecutoria penal, es decir, un desahucio de fecha abierta. Significa que en los próximos quince días, vendrán a echarles de casa cualquier día y en cualquier momento. Tamara se queda pensando, masticando la angustia que lleva agarrada en la garganta hasta las tres y cuatro de la madrugada. Luego se levanta a las siete. Cada día. "No duermes. Pueden venir a echarnos ahora, mientras estamos hablando contigo, imagina la angustia", explica mientras fuma un pitillo.

Para Irina, esta es su casa. Llegó aquí con tres años, cuando en 2019 activistas del Sindicato de Barrio del Cabanyal reventaron el cerrojo de esta finca propiedad de la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que llevaba cerrada y sin uso más de cinco años. Utilizaron las viviendas para meter a cinco familias del barrio, "aquí no vive nadie que no lo necesite", dice Mario. Obviamente no quieren estar en ese piso, pero tampoco tienen alternativa, y es la única casa que la niña ha conocido, pese a que sus padres son jóvenes y trabajadores.

Tamara junto a su hija, amenazadas de desahucio por fecha abierta. LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ

En los juzgados "les ha dado igual que tengamos una niña de cinco años y no tengamos alternativa salvo la calle". En la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), son un número más en una pantalla desde hace un año. Una lista dentro de un servidor donde sale Irina, dentro de un ordenador, dentro de una administración que contesta "no hay vivienda" ante tanta demanda. Y a ellos les da igual su situación, lo que no quieren es ver sufrir a su hija.

Tamara y Mario no son pobres, sino empobrecidos. "Yo no estoy impedido, trabajo siempre que me sale algo", dice él. El problema es el curro que sale en un barrio que se ha convertido en un decorado para turistas "¿Ves todas esas casas bajas? Todas se alquilan por semanas y por una pasta", dice Mario.

Tamara ha trabajado recientemente de camarera "con un contrato de 14 horas semanales que me hacía el primer día", explica. Por menos de 6 euros la hora y durante muy poco tiempo. Asegura que conoce a muchas personas del barrio que van así, a semanas y en el ocio nocturno, precarios aunque se empleen a fondo para escapar de la pobreza.

Mario trabajó para un restaurante chino que le pagaba en negro. "Dos euros el pedido. Y me podía hacer entre 10 y 20 pedidos por la noche, eso es lo que ganaba", recuerda. Luego en la restauración, en los locales de la playa que se abarrotan de turistas rojos como cangrejos en esta época del año. "Las condiciones te las puedes imaginar, y te hacen trabajar todo lo que quieren y más", explica. Y aún así remarca que no es un trabajo tan fácil de lograr. "Tú entras por la puerta y tienes un tocho de currículums encima de la mesa", asegura.

Tamara abrazando a su hija en el piso del barrio del Cabanyal. LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ

Ahora están en una etapa complicada, ninguno trabaja. Pero trabajarán más pronto que tarde. El último trabajo de Mario fue sirviendo copas a los asistentes al concierto de Rosalía. Él es parte de la València que no sale en las postales. Pero también es de su barrio, del Cabanyal, de toda la vida, y parece que ya no hay sitio para él entre tanto turista.

Romperse la espalda para pagar una habitación

Nunca han podido alquilar nada pese a que los dos han estado trabajando a la vez. Los dos tienen trabajo pero no pueden alquilar un piso. Ni en su barrio gentrificado ni en los de la periferia. "Fuimos a mirar un piso a Nazaret con mi madre, también puso la nómina mi hermano pero no hubo manera", explica Mario. Después pasaron a una habitación donde malvivía con Tamara y con su hija y por la que pagaban más de 400 euros. Al final, y agotadas todas las vías habidas y por haber, Tamara conoció a los activistas del sindicato y han acabado viviendo ahí dos años.

Dos años viviendo, pero también intentando salir a donde fuera con el dinero de sus trabajos. Pero nada. "Algunos pisos del barrio los ponen a 800 euros por semana". Con suerte Mario cobra del 1 al 7 de agosto 500 euros. Eso si le cogen. "Nadie te da 40 horas. No cotizas. Y como mucho trabajarás los dos meses de verano y luego a la calle sin derecho a paro", explica Tamara. Una vida digna y tranquila es un lujo, pese a que lo intentan. Antes de la sentencia y el lanzamiento por la vía penal ya tenían pesadillas con las personas que se plantaban en la puerta del bloque para ofrecerles dinero a cambio de dejar la casa. "Yo no quiero dinero, necesito un sitio para vivir", remarca Tamara.

Tamara y su hija Irina miran por la ventana de su piso en el barrio del Cabanyal. LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ

Eva Larrosa, del Sindicato de Barrio del Cabanyal ya asesoró otro caso de desahucio de fecha abierta, también a una madre con niños a cargos, pero esta vez en el barrio de Orriols. Asegura que "no hay un criterio objetivo para ir por lo penal en este caso -la mayoría de desahucios vienen con fecha y hora y por lo civil-. En el sindicato pensamos que es una forma de evitar que se haga una organización vecinal en torno al caso", explica. Es decir, para que no puedan plantarse en la puerta si se llega a producir. También critica "el doble perjuicio" para la persona afectada, a la que se le condena a pagar una multa y además no sabe cuándo le podrán desalojar.

"No podemos ir al súper a comprar en familia, o a tomar algo, o a dar un paseo los tres juntos, porque siempre tiene que haber alguien en casa. No nos podemos arriesgar a ir a comprar el pan y que la policía llegue y nos haya cambiado la cerradura", cuenta Tamara. Ahora su vida está marcada por la angustia.

Según la sentencia Tamara y Mario han cometido un delito; usurpación de vivienda. Si no pagan la multa pagarán con un mes de cárcel. Un grupo de policía junto a la comisión judicial se les puede plantar cuando sea en la puerta de casa y que pase lo peor que es, según Tamara "que se ponga a llorar mi hija y le afecte a ella". Irina sigue entretenida con la pantalla mientras sus padres dicen que no son criminales, que son una pareja joven que quiere trabajar, tener una vivienda, una vida digna, disfrutar de su niña. "No somos unos delincuentes". No lo son.