La cuestión de la financiación está llena de curvas y recovecos. Las buenas noticias suelen esconder mensajes frustrantes o llegan con el contrapeso de datos negativos para la C. Valenciana. Esta ha visto esta semana cómo salía bien parada del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, otorgaba para 2023 más de 13.000 millones, la mayor aportación de la historia del sistema de financiación para la C. Valenciana, que es la que más crece entre las autonomías. El Gobierno cuidaba al amigo botánico.

Sin embargo, la cantidad, calculada por habitante, no es tan generosa: sigue manteniendo a los valencianos lejos de la media española y como los últimos de la cola. Es más, el mismo día se publicaba la liquidación del año 2020 y se veía cómo la C. Valenciana volvía a ser perjudicada, ya que recibió ese ejercicio 527 millones menos de lo que le correspondía por las entregas a cuenta. Doce autonomías recibieron más de lo que les tocaba y el ministerio no les ha restado cantidad alguna, en cambio no ha compensado a la C. Valenciana por haber previsto un ingreso menor. En fin, otra más en el mismo carrillo. Suficiente para que la patronal valenciana recele de las intenciones (hipotéticas) del ministerio de cambiar dinero generoso ahora, de cara al año electoral, por aparcar la reforma del sistema de financiación. Al menos, ha desbloqueado el proceso. Pero el tiempo dirá.

Que la Comunitat Valenciana continúa necesitando un nuevo modelo es algo que los ejemplos anteriores señalan. Pero los valencianos necesitan sobre todo, además de ingresos, seguridad de recibir las cantidades justas. Y eso es lo que está en el aire si la reforma es un imposible político.

La propia ministra dejó a los consejeros un aviso que el aluvión de millones ha tapado. Recordó que la situación actual es excepcional, por la política de recuperación tras la pandemia y por el contexto de guerra en Ucrania. Las reglas fiscales (eso de ajustarse a un déficit) están suspendidas, así llevan desde marzo de 2020, pero advirtió que volverán. Y recordó una fecha: 2024. Es muy posible que a principios de ese año los marcos de gasto sean mucho más estrictos. Es lo que mantiene Bruselas a día de hoy.

Ya se ha dicho: la Comunitat Valenciana no tiene tanto hoy un problema de ingresos (está en la media española de gasto en servicios públicos fundamentales porque el Gobierno ha habilitado fondos extraordinarios los últimos años y paga religiosamente, vía préstamos, el déficit que generamos cada año) como de seguridad de estos y de deuda. Cualquier técnico de la Conselleria de Hacienda sabe que, con los mismos ingresos de ahora, pero con la deuda acumulada (la más alta per cápita de España) sería imposible a la Generalitat salir a financiarse a los mercados. Aunque hubiera nuevo modelo. La solución a la deuda producto de la infrafinanciación es esencial hoy. Y cualquiera que maneje un presupuesto familiar entiende que la gran amenaza para la C. Valenciana es que la economía se tuerza, el grifo se cierre y el Gobierno reduzca sus aportaciones en virtud de un sistema de reparto que perjudica a los valencianos y no compense el agravio porque habrá que ajustarse a unos límites de déficit. Por eso, la importancia de contar con un nuevo modelo en 2024. Ese debería ser el límite para políticos y sociedad civil.

El marco obliga también al Gobierno valenciano a ser cauto ahora y no disparar mucho más allá de lo razonable el gasto. Por la brecha que pueda venir después. En la Conselleria de Hacienda ya lanzan el mensaje al resto de departamentos: la aportación histórica del Estado de cara a 2023 no debe servir para disparar sin control los presupuestos de cada área. Hay muchos agujeros que tapar para no reventar los márgenes de déficit. Habrá que ver si atienden.

De momento, el contexto obliga a presionar más que nunca, con las alianzas que sean necesarias, para avanzar hacia un nuevo sistema de financiación más justo. Ni el año electoral debe servir como excusa para bajar las armas (y la unidad).