El Ministerio de Política Territorial que dirige la también portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, acaba de promover el inicio de las negociaciones en el marco de la comisión bilateral sobre el desencuentro que mantienen el Gobierno de Pedro Sánchez y el Consell de Ximo Puig por varios artículos del decreto del Consell de medidas urgentes ante la emergencia energética y económica por la guerra en Ucrania.
Las discrepancias surgidas entre ambos gobiernos afectan a sendos artículos de un documento que el Consell tardó meses en confeccionar y que acabó en un macrodecreto de medidas anticrisis que evidenció fuertes tensiones internas en el tripartito valenciano, en especial por lo que respecta a la instalación de plantas de energías renovables en la Comunitat Valenciana.
Esa parte, la de las renovables, era el aspecto más polémico de aquel decreto y fuentes del Consell confirman que el contencioso con el Gobierno afecta precisamente a ese apartado del decreto, en concreto a cuestiones de modificaciones de ámbito urbanístico en relación con la instalación de infraestructuras renovables.
Ahora, el Gobierno y el Consell tendrán que designar un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral de cooperación la solución que proceda para evitar que el conflicto entre ambas administraciones, del mismo color político salvo la presencia de Compromís en el Ejecutivo valenciano, acabe en contencioso.
Se trata aún de una fase inicial de la discrepancia, según señalan fuentes de ambos gobiernos, pero eso no quita que exista un cuestionamiento de dos artículos del decreto del Consell por parte del Gobierno de España.
Entablar una negociación
De momento lo único concreto es que existe un ofrecimiento por parte del Gobierno para entablar una negociación en la que se puedan resolver las discrepancias que existen en materia urbanística en relación con la implantación de energías fotovoltaicas.
Las fuentes señalan que entre la aprobación del decreto valenciano, el Gobierno y el Consell tienen nueve meses de plazo para abordar esta cuestión y llegar a un acuerdo o, en caso contrario, abrir la vía judicial aunque no es probable al tratarse de dos gobiernos en sintonía política y en una cuestión, la de las medidas a adoptar por las consecuencias de la invasión de Ucrania, que no solo han motivado un decreto del gobierno valenciano sino también una respuesta en el mismo sentido del Gobierno de Pedro Sánchez.
Un asunto conflictivo
La gestión de las renovables ha sido uno de los asuntos internos del tripartito más conflictivos y que más han desgastado al Consell en el curso político que ahora se cierra. Finalmente el decreto salió adelante pero el Botànic evidenció importantes resistencias internas durante el proceso.
En la bancada de la izquierda en las Corts, diputados de Compromís y Unides Podem llegaron a criticar en público el decreto anticrisis aprobado por el Consell e incluso amagaron con no apoyarlo durante su tramitación en la cámara. Los puntos más polémicos eran los que afectaban a la autonomía de los ayuntamientos en la toma de decisiones sobre la instalación de plantas fotovoltaicas o los que permitían rebajar trámites para facilitar la instalación.
Todo ello en el contexto del importante retraso que acumula la instalación de plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana respecto a las directrices que marca la Unión Europa y que el propio Síndic de Comptes ha puesto en evidencia. El parón a las renovables destapó también un pulso ideológico en el Consell. Més, el principal partido en Compromís, presionó en Territorio para dar más poder a los alcaldes.
Agencia de la Energía, este año
El decreto anticrisis finalmente quedó validado como salió del Consell, pero el Botànic se obligó a incluir en la próxima ley de acompañamiento reivindicaciones como la Agencia de la Energía, que entraría en funcionamiento antes de que acabe la legislatura, que Unides Podem reclama hace años y a la que se sumó Compromís a partir del estallido de la crisis energética.
Puig garantiza que acordará las medidas de ahorro energético con patronal y sindicatos
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno se aplicarán en la Comunitat Valenciana buscando un acuerdo con la patronal y los sindicatos, no de forma «coercitiva» sino con la «conciencia común» de que hay que combatir la crisis. Puig aseguró en declaraciones a los medios en un acto en Xàbia este miércoles que entre las medidas anunciadas ya por el Gobierno que buscan reducir un 7% el consumo energético en España durante los próximos meses, destaca la reducción del aire acondicionado y la calefacción en edificios públicos y la obligación de apagar las luces de dependencias desocupadas a partir de las diez de la noche.
Estrategia del Consell anterior
Puig, tras recordar que el Consell definió hace meses una estrategia para agilizar la instalación de renovables, asegura que el plan del Gobierno es complementario al valenciano y coincide en que el objetivo de consumir la mínima energía posible y ser más eficientes ya ha sido adaptado por el Consell. El jefe del Ejecutivo, asegura además que es necesario tanto por una cuestión ecológica como por la situación actual de inflación disparada de precios.
«Pondremos todos los medios a nuestro alcance», ha aseverado, con la excepción de los hospitales y los centros sociales. El resto de espacios, ha avanzado, tendrán que acatar los criterios sin dejar de «facilitar un trabajo digno». Para ello, según adelanta, en las próximas semanas se estudiará el paquete de medidas nacionales junto a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y los sindicatos CCOO PV y UGT-PV en el marco del diálogo social.
Comparecencia de Climent
Mientras, Ciudadanos ha pedido la comparecencia en la comisión de Industria de las Corts del conseller de Economía, Rafa Climent, para dar cuenta de las acciones puestas en marcha por la Conselleria ante «las restricciones impuestas a los comercios por el Gobierno» con el nuevo plan ahorro energético y las medidas a adoptar.
