El Sindic investiga el abandono de un discapacitado en la estación de l'Eliana

La institución asegura que ha tenido conocimiento "por los medios de comunicación y ante la protesta efectuada por Cocemfe Castelló" de esta situación. Por ello, el Síndic de Greuges explica que "ha iniciado una investigación de oficio dirigida a FGV al considerar que "su actuación, o la falta de ella, ha podido vulnerar los derechos de la persona afectada por los hechos descritos".

Ferrocarrils de la Generalitat reconoció el error pero remarcó a Levante-EMV que al día siguiente este usuario tuvo acceso a un taxi adaptado, por lo que la falta de asistencia solo se produjo el lunes uno de agosto. Además, remarcó que lleva una década trabajando con la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, (Cocemfe CV) para mejorar la accesibilidad de sus trenes. La situación vivida por Javier Monferrer se corresponde a las obras de reparación de la línea 2 del metro, entre l'Eliana y Llíria, para las que se pusieron buses para cubrir la ruta. Los trabajos finalizaron este jueves y ya se ha vuelto a abrir la línea.

Para el organismo "es evidente que nuestra legislación persigue estas situaciones estimadas como discriminatorias. De hecho, el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana indica que se garantizará en todo caso a las personas afectadas de discapacidad, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad; y que la Generalitat procurará a esas personas su integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, mediante medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos".

El organismo dirigido por Ángel Luna ha recordado en su escrito que "la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida, y especialmente en el transporte, facilita que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar en todos los aspectos de la vida". Por tanto, continúa, "la adopción de medidas que identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras son fundamentales".

El Síndic asegura que ya ha solicitado a FGV que les remitan "en el plazo máximo de un mes, un informe detallado sobre los hechos que se produjeron el lunes 1 de agosto ante la imposibilidad de acceder una persona con movilidad reducida en el transporte habilitado sustitutivo del metro". Esta institución quiere conocer "qué alternativas se le ofrecieron al usuario de este servicio, por qué se descartó el servicio de taxi adaptado, el tiempo de espera, la resolución de dicha situación y qué responsables de FGV estuvieron en contacto con el usuario en todo momento", según ha explicado en un comunicado.

El organismo ha remarcado que la ley 9/2009 de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes ya establece la obligación de que "las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte urbano o interurbano deberán atender las necesidades de movilidad de la totalidad de los ciudadanos en todos los vehículos". La ley también indica que "las administraciones públicas en materia de transportes garantizarán la accesibilidad al sistema de transportes de todas las persona, que deban desplazarse temporal o permanentemente en silla de ruedas o con otro tipo de ayudas".

Por otro lado, han requerido a Ferrocarrils de la Generalitat "conocer si se han producido situaciones similares mientras han durado las obras de la línea 2 o en otras en este último año, y si los autobuses contratados para cubrir dichos servicios en casos de obras son accesibles siempre".