El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV) ha iniciado acciones legales contra varios centros sociosanitarios por contratar a personal de Enfermería sin tener el título oficial homologado en España ni la colegiación, requisitos legales de obligado cumplimiento para poder ejercer en España y sin los cuales se está incurriendo "en una ilegalidad grave".
Según han informado esta mañana, desde el colegio profesional han detectado casos de enfermeras de Venezuela, Uruguay, Ecuador o Bulgaria que están trabajando en residencias de la tercera edad (privadas y concertadas con la Administración) de la provincia de Valencia pero sin tener sus títulos homologados en España. "O bien porque no han iniciado los trámites de homologación, porque aún no les ha llegado el documento acreditativo o porque carecen de estudios de Enfermería", han especificado desde el COENV.
Al no estar estos títulos homologados, cuando existen, y no haber una colegiación, estas personas "no se hallan en el listado oficial de colegiadas/os del COENV y no disponen del número de adscripción colegial correspondiente ni de la póliza del seguro de responsabilidad civil que debe cubrir el desarrollo de su trabajo". "Esta ilegalidad supone un intrusismo para los profesionales y afecta a la seguridad de la población usuaria del sistema valenciano de salud", añaden desde el colegio.
“La Enfermería ha sufrido un goteo constante de intrusismo profesional durante la pandemia covid-19”, según Laura Almudéver, presidenta del COENV, quien advierte de que los servicios jurídicos del COEV “han detectado ya varios casos de personas que han utilizado los números de otros colegiados para optar a las plazas que se ofertaban en los centros clínicos o residenciales y con el objetivo de usurpar funciones".
La contratación de personal sanitario con estudios pero sin títulos homologados en el país no es algo nuevo y se viene repitiendo en los últimos veranos ante la escasez de profesionales, médicos y de enfermería, que este año se ha agravado. De hecho, en veranos anteriores se llegó a detectar la contratación de médicos sin MIR en la administración pública para cubrir bajar y plazas vacantes en puestos de difícil cobertura pese a que los años de residencias son requisito imprescindible para trabajar en la sanidad pública.
