Los sindicatos docentes STEPV y ANPE se sumarán a UGT-PV y anunciaron ayer tras publicarse en el DOGV que recurrirán por la vía contenciosa el nuevo decreto de ordenación de la ESO de la Conselleria de Educación. Este decreto regula el desarrollo del plan de estudios, la ordenación, la evaluación y la promoción de las etapas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con el objetivo de adaptar los currículos a las modificaciones introducidas por la LOMLOE a nivel nacional en todos los centros educativos autorizados de la Comunitat.

El motivo del recurso es la obligatoriedad de los ámbitos en el primer curso de ESO. De hecho, tal y como señalan fuentes del STEPV, la vía judicial se dará «muy a pesar del sindicato» porque no son contrarios a este modelo de enseñanza pero sí a que sea obligatorio.

Esta organización sindical recuerda que el curso 2021-2022 fue el primero en el que se organizó 1º de ESO por ámbitos y critica que Educación «ha utilizado la pandemia como excusa para imponer los ámbitos en primero de ESO». «Organizar los ámbitos no se puede hacer por decreto», insisten. 

Por su parte, ANPE coincide en anunciar un recurso contencioso-administrativo porque conselleria «sigue ignorando» sus alegaciones para que los ámbitos y la asignatura de proyecto interdisciplinares no fueran obligatorias. «La administración sigue adelante con su apuesta unilateral», denuncia. ANPE ya interpuso recurso contra las instrucciones de inicio de curso de ESO y Bachillerato, con solicitud también de medidas cautelares, cuyo tramite sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

La semana pasada, el sector de Ensenyament de UGT Serveis Públic anunció su recuro contra el decreto al considerar que supone la imposición de los ámbitos educativos, tras recoger más de 3.500 firmas de docentes afectados, y que conselleria tiene «una falta absoluta de voluntad de acuerdo y negociación». 

También presentó una queja ante el Síndic de Greuges por las instrucciones de inicio de curso, «un abuso contra los derechos de docentes y alumnado y una agresión a la educación pública».