Apenas dos años y medio después de que la Comunitat Valenciana celebrase el fin de los peajes en la AP-7, el Gobierno central propone instaurar el cobro por usar autovías estatales y autonómicas, que serían treinta en el territorio desde Castelló hasta Alicante pasando por Valencia.
Esta reforma surge del pacto del Ejecutivo con la Unión Europea a cambio de las ayudas del plan de recuperación tras la pandemia y se llevará a cabo en 2024, según las previsiones que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta pone sobre la mesa extender el cobro de peajes a las autovías estatales, así como las de la red autonómica. Con tales fondos se pretende mantener la red de carreteras del Estado, que supone un gasto anual de 11.000 millones de euros.
Desde la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad confirman que se está hablando del encargo de una auditoría por parte del Ministerio, "que es quien tiene la competencia de estas infraestructuras, en ningún caso de una medida que se vaya a materializar ya". "Como ya dijo la propia ministra y el president de la Generalitat, entendemos que no es el momento, con la actual situación económica provocada por la Guerra en Ucrania, de poner más tasas a la actividad económica", aclaran.
No cabe duda de que, si las autovías valencianas pasan a ser de pago, los primeros afectados serán sus usuarios. Es el caso de Luna Sinisterra, trabajadora en una empresa del polígono industrial de Almussafes, que transita todos los días por la V-31 para ir y volver desde su casa, en Alboraia, hasta su trabajo. "Me parece, por un lado, un sinsentido porque hace nada quitaron el peaje de la AP-7, y por otro lado me parece que nos suman un coste más a las personas que utilizamos las carreteras para ir a trabajar o estudiar, es decir, por necesidad, que ya con la subida del precio de la gasolina aumentó el coste de desplazarse".
Por su parte, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha manifestado su rechazo al pago por uso de las infraestructuras planteado desde el Ministerio. En un comunicado expedido por la Federación aseguran el gran “desconcierto y rechazo” por el anuncio de esta medida. "El Ministerio de Transportes asumió por escrito, con la firma de la Secretaria de Estado de Transportes, el compromiso de que no se implantará ninguna euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector y ahora anuncian esta medida sin que exista tal acuerdo", sentencian.
Carreteras valencianas
Por el territorio valenciano transcurren ocho autopistas libres y autovías estatales, que podrán pasar a ser de pago en los próximos años. Son la Autovía del Este (A-3), la Autovía del Mediterráneo (A-7), la Autopista del Mediterráneo (AP-7, gratis desde el 1 de enero de 2020), la Autovía Mudéjar (A-23), la Autovía de Alicante (A-31), la Autovía de Cieza - Fuente la Higuera (A-33), la Autovía de Almansa a Xàtiva (A-35) y la Autovía de València a Gandia (A-38). A estas ocho autovías se añaden 13 más de acceso y circunvalación: A-70, A-77, A-79, EL-11, EL-20, A-78, V-11, V-15, V-21, V-23, V-30, V-31 y CS-22.
Por su parte, las autovías que dependen de la Generalitat Valenciana son nueve: la Autovía de la Plana (CV-10), la Ronda Nord de València (CV-30), el distribuidor Norte (CV-31), el distribuidor Sur (CV-33), la Autovía del Túria (CV-35), la Autovía de Torrent (CV-36), el eje Olleria-Elx-Oliva (CV-60), la Autovía Sax-Castalla (CV-80) y la Autovía del Saler (CV-500). En total, 30 carreteras de la Comunitat Valenciana son susceptibles a convertirse en vías de pago en 2024.
Primeras reacciones políticas
El portavoz adjunto del PP valenciano en las Corts Valencianes, Miguel Barrachina, ha atacado al ejecutivo afirmando que el Gobierno “persigue al vehículo privado". Barrachina insiste en que "los mismos alcaldes y cargos de izquierdas que hace cuatro años lucían pancartas contra el peaje de las autopistas ahora callan ante la posibilidad de su vuelta". Para el portavoz “es discriminatorio y más perjudicial para la seguridad vial porque el tráfico se desplazará hacia vías secundarias alternativas con peor seguridad". "Tampoco parece el momento económico más adecuado para ponerlo en marcha, con la mayor inflación de los últimos treinta años, con el aumento de la cesta de la compra, de la luz o de los carburantes”, añade.
"Instaurar peajes es perjudicial para la seguridad vial porque el tráfico se desplazará hacia vías secundarias"
Por su parte Sandra Martín, portavoz de Infraestructuras y Transportes del PSPV, responde ante las críticas de la oposición confirmando que “no se ha aprobado ningún peaje para las autovías de nuestro país”. “Lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es estudiar los diferentes modelos de financiación de nuestras carreteras desde el consenso y el rigor”, explica.
Lo cierto es que la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, encargó a la consultora pública Ineco informes sobre la aplicación de un nuevo sistema de financiación de las carreteras en base al principio de "quien contamina, paga". Ineco, a su vez, contrató a la consultora privada KPMG una serie de documentos sobre los distintos modelos de cobro, entre los que se estudia la euroviñeta, un pago lineal a todos los usuarios que se usa en algunos países europeos.
¿Qué es la euroviñeta?
La euroviñeta consiste en un distintivo que se pega en la luna del coche, previo pago de una tasa que varía en función del tipo de vehículo. Este sistema lleva años funcionando en países como Dinamarca, Suiza, Austria o Países Bajos. En los lugares en los que funciona, se puede contratar por días, semanas, meses o anualmente. Este sistema es equiparable a una tarifa plana por utilizar las carreteras, pero existen otros modelos, como el portugués, que tiene lectores de matrículas en las autovías y se carga a los usuarios en función de los kilómetros recorridos.
